- Eliminar los órganos entes autónomos y convertirlos en en apéndices de las secretarías de Estado es reducirlos a dependencias menos onerosas, pero aun se pone en duda los beneficios para los ciudadanos.
El pleno de la a Cámara de Diputados dio trámite de declaratoria de publicidad al dictamen para extinguir siete organismos autónomos, con el propósito de discutirlo y votarlo en esta semana.
Y es que el control total sobre los órganos constitucionales autónomos se encamina a dos rubros sustanciales: económico, transparencia.
El dictamen, producto de la iniciativa de reforma propuesta por el ahora ex presidente López Obrador, contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
En el dictamen se destaca la necesidad de una reorganización administrativa del Estado mexicano para hacerla congruente con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia.
Se destaca que, desde su creación y hasta 2024, se les ha asignado a los organismos autónomos la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual en su presupuesto.
Las funciones de los organismos autónomos serían absorbidas por dependencias de la administración pública federal, con lo que se acabarían supuestas duplicidades en sus funciones.
Entre los riesgos de esta medida es que con la desaparición de órganos violenta la Constitución al desaparecer entidades que garantizan derechos, pero también porque México ha firmado tratados internacionales en que está obligado a designar estos árbitros.
