El Legislativo chino (Parlamento) ha aprobado este jueves la polémica ley de seguridad nacional para Hong Kong, con la que quiere poner fin a las protestas que han sacudido al territorio autónomo desde el año pasado, y que sus críticos creen que acabará en la práctica con el régimen de libertades del territorio autónomo. El apoyo de los delegados que componen la Asamblea Nacional Popular (ANP) fue casi absoluto: un solo voto en contra y seis abstenciones por 2.878 a favor, pocos minutos antes de que se clausurara oficialmente su sesión anual. La nueva ley ha sido adoptada a pesar de las advertencias lanzadas en los últimos días por la comunidad internacional, desde Estados Unidos a la Unión Europea, que la consideran una amenaza para los derechos de la antigua colonia británica.
La nueva ley buscará “impedir, detener y castigar” cualquier conducta que “ponga en grave peligro la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión de los poderes del Estado o la organización y ejecución de actividades terroristas, así como actividades de fuerzas extranjeras que interfieran en los asuntos” de Hong Kong. Su artículo 4 es uno de los más polémicos, al abrir el camino a que la policía secreta china pueda operar oficialmente en el territorio autónomo: los “órganos del Gobierno Popular Central relevantes para la protección de la seguridad nacional” podrán establecer sedes en la antigua colonia y llevar a cabo actividades allí.
Es decir, la nueva ley permite a Pekín emplear en Hong Kong las medidas de seguridad que ya aplica en el resto de China, con más poderes para frenar disidencias. Y con ello, temen sus críticos, el centro financiero internacional, uno de los enclaves más dinámicos de Asia, comenzará a asemejarse cada vez más a cualquiera de las grandes ciudades de la China continental. Precisamente este es uno de los temores subyacentes que alentaron las manifestaciones del año pasado: aunque la idea de la independencia contaba con pocos seguidores explícitos, la gran mayoría declaraba salir a la calle porque percibía una absorción inexorable por parte de la China continental, y una presencia cada vez mayor de ella en la vida diaria del territorio.
Por contra, cuando las pantallas gigantes en el salón principal del Gran Palacio del Pueblo de Pekín mostraron el resultado de la votación, los delegados irrumpieron en los mayores aplausos de la jornada. “China realmente considera las protestas como una amenaza a su soberanía”, apunta por videoconferencia el profesor Peter Hays Gries, profesor de política china en la Universidad de Manchester.
Ahora corresponderá al Comité Permanente de la ANP, los líderes del Legislativo chino, el pergeñar, en consultas con las autoridades hongkonesas, los detalles de la legislación, que deberán estar listos para agosto. Cuáles serán las penas; qué “actos” y “actividades” se considerarán delictivos. Y qué garantías legales tendrán los acusados.
Parece claro que las protestas contra Pekín y el Gobierno autónomo que paralizaron la ciudad el año pasado, en ocasiones con violencia, entrarán de lleno en la lista de lo prohibido. A ojos del Ejecutivo chino, perpetran cada uno de los comportamientos que la nueva ley pretende castigar, y así lo ha declarado en varias ocasiones. Sus representantes en Hong Kong habían reclamado cada vez con mayor insistencia, a la vista de que el descontento no daba señales de abatirse, la necesidad de introducir esa legislación.
Según el periódico hongkonés South China Morning Post, los acusados bajo esta legislación no serán juzgados en la China continental, uno de los grandes temores en el enclave: las manifestaciones del año pasado surgieron inicialmente para protestar contra un proyecto de ley de extradición. También se respetarán principios básicos del estado de Derecho, como la presunción de inocencia.
La Ley Básica, la miniconstitución hongkonesa, prevé en su artículo 23 que Hong Kong desarrolle una ley de Seguridad Nacional propia, aunque en un primer intento, en 2003, las protestas ciudadanas congregaron a medio millón de personas y obligaron a archivar aquel proyecto de ley. Desde entonces no había vuelto a intentarse. Pero el regreso de las primeras movilizaciones, una vez que comenzaron a relajarse en Hong Kong, las medidas contra la pandemia que suspendieron las protestas desde enero, terminaron de decidir a las autoridades chinas a tomar medidas por su cuenta. La nueva ley quedará inscrita en un anexo de la Ley Básica, por lo que no requerirá la aprobación del Parlamento hongkonés que hubiera sido obligatoria de haberse seguido el procedimiento ordinario.
“Para los líderes también puede haber habido un aspecto oportunista, que ahora era un buen momento” para proceder adelante con la ley mientras el resto del mundo está concentrado en lidiar con la pandemia de covid-19, apunta Hays Gries.
Pero la medida ha recibido la condena de las organizaciones pro derechos humanos y ha profundizado la brecha de China con Estados Unidos: el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el miércoles que ha comunicado al Congreso que el Departamento de Estado ya no considera que Hong Kong disponga de autonomía con respecto a China. La declaración abre el camino a que la Casa Blanca imponga sanciones, algo que puede ocurrir este mismo fin de semana. La Administración Trump puede imponer a las exportaciones de Hong Kong los mismos aranceles que gravan a los productos de China.
La nueva ley también ha encontrado la oposición de la Unión Europea. Bruselas ha pedido a Pekín respeto a la autonomía de Hong Kong. “Concedemos una gran importancia al alto grado de autonomía de Hong Kong”, dijo este martes el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, “en línea con la Ley Fundamental y los compromisos internacionales”. “No somos ingenuos sobre el comportamiento de China”, continuó Michel tras una videoconferencia con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que también ha expresado su rechazo a la nueva norma.
El primer ministro chino, Li Keqiang, ha afirmado en una rueda de prensa tras la clausura de la sesión legislativa que la aprobación de la ley contribuirá a la “estabilidad y prosperidad” del territorio. También ayudará –sostuvo– a hacer cumplir el principio “Un país, dos sistemas”, que rige las relaciones entre el enclave y Pekín. El enclave regresó a manos de China en 1997 bajo esa fórmula tras siglo y medio de dominación británica, después de que Londres y Pekín firmaran en 1984 una declaración conjunta por la que el Reino Unido renunció a su último emplazamiento asiático. El pacto estableció el mantenimiento durante 50 años de una serie de libertades en ese territorio que no están garantizadas en la China continental.
En una rueda de prensa tras la clausura de la Asamblea Nacional Popular, Li también ha asegurado que la “supuesta” guerra fría a la que EE UU está llevando a China, según Pekín, “no beneficia a ninguna de las partes” y “perjudicaría al mundo entero”.
