Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador trastocó los usos del poder presidencial y rompió con el equilibrio de contrapesos. La coyuntura de salud rebasó la operación del legislativo y el judicial.
Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, junto con María Guadalupe Salmorán Villar, también de esa entidad académica, coordinó el Tomo 4 Estado de derecho, de la colección universitaria “La década COVID en México. Los desafíos de la pandemia desde las Ciencias Sociales y las Humanidades”, en él, explica que las decisiones adoptadas en ese periodo impactó en las relaciones de poder.
En contextos de emergencia, situaciones excepcionales, por catástrofes o calamidades como la que vivimos, suele suceder, y no sólo en México, que el Poder Ejecutivo concentre mayor cantidad de poderes que el Legislativo y el Judicial, y en esa medida se rompe el equilibrio de contrapesos.
Salazar Ugarte mencionó que en el libro se siguieron cinco ejes temáticos: derechos humanos, controles constitucionales, federalismo, procesos electorales 20-21 y militarización.
En el caso mexicano durante varios meses -al inicio de la pandemia- las decisiones que se adoptaron fueron prácticamente unilaterales a cargo del gobierno nacional, con lo que afectó la relación de contrapeso con el Legislativo y el Judicial.
“Recordemos que el Poder Legislativo no legisló durante largos meses y que el Poder Judicial no pudo abrir siquiera sus oficinas y juzgados a nivel nacional. Bueno, ese pasmo, sin duda, tuvo afectaciones al Estado de derecho, de las cuales todavía hoy seguimos sintiendo sus consecuencias”, manifestó.
El impacto al derecho a la salud se mostró en que algunas personas perdieron familiares, otras tuvieron afectaciones de las cuales tendrán secuelas el resto de su existencia. “Creo que ese es un tema de la máxima relevancia”. No fue debidamente garantizado para miles de ciudadanos, quizá millones, y tampoco lo fue de la misma manera para todas y para todos.
En cuanto a la educación, tan importante pensando en nuestra Universidad y, en general, en los centros educativos del país, hay profunda desigualdad en los mecanismos y maneras en las que las personas, sobre todo las más jóvenes, pudieron acceder a esta garantía, lo cual también tendrá efecto en sus vidas futuras. Este es el tercer eje temático del que en la colección hay algunos tomos dedicados al tópico.
Al referirse a la militarización subrayó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en diversos ámbitos de la vida, y de la gestión de las políticas públicas nacionales.
En relación con lo que se debe hacer para garantizar que el Estado de derecho se mantenga durante la pandemia, afirmó que paulatinamente se han regularizado los mecanismos de contrapeso de poderes. Son razones de carácter político las que han dificultado el buen funcionamiento del Estado constitucional en ese sentido.
“Creo que es un momento en el cual debemos reconocer y hacer un llamado a un Poder Judicial más presente y más garante de los derechos de las personas; también deberíamos hacer un llamado al Poder Legislativo para que, más allá de las fuerzas políticas y de las corrientes y equilibrios y mayorías coyunturales, haya una participación mucho más activa en la legislación y generación de marcos normativos, ya no quizá para esta pandemia, sino para prevenir y contar con mecanismos para posibles, previsibles y, esperemos, no cercanas pandemias en el futuro”, expresó.
