- La Corte determinó que las suspensiones emitidas por los jueces de distrito chocaban con decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electora
La decisión de la Corte se percibe histórica, aunque se vuelve compleja a pesar de resolver el conflicto del poder judicial.
Los integrantes del TEPJF se metieron donde no debían y eso confronto al Consejo de la Judicatura Federal. Se zanjó una controversia, pero quedan los resabios e intereses por parte de Mónica Soto.La Corte y el Tribunal resolvieron un conflicto y va a seguir la elección judicial y lo que se requiere es un tribunal independiente, con elecciones limpias y defender derechos político.
Aunque ya se convirtió en un lugar común la observación, la magistrada presidenta del tribunal electoral, Mónica Soto, actuó como delegada del partido en el poder, más que como juzgadora independiente, en el tema del diferendo con la SCJN. Su choque con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, obedeció a su temor de que se encuentre activa la denuncia que existe en su contra.
Quebrantó su independencia y polarizó el Consejo de la Judicatura Federal, pero se encuentra a salvo hasta 2027, como aliada de los dirigentes de los partidos políticos. Ese es su salvavidas. Mónica Soto pasará a la historia como la magistrada del poder.
Y es que, la Corte determinó que las suspensiones emitidas por los jueces de distrito chocaban con decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que excedió sus competencias al intervenir en temas de amparo. Eso es suficiente para cerrar el diferendo.
Sin embargo, acostumbrada hacer declaraciones pendencieras, Mónica Soto advirtió: “cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia”. Aunque la distorsión del tribunal inició desde que ella tomó las riendas del mismo.
La magistrada Mónica Soto se dedicó, en poco tiempo, a deslindar al tribunal electoral de las decisiones y marcar distancia del Consejo de la Judicatura. Ahora, los resultados están a la vista. Sin rubor, la magistrada debilitó a la independencia judicial y la revolcó con intereses políticos.
A final de cuentas, la extralimitación del tribunal electoral confirma que la implementación de la reforma se pone en marcha con deficiencias de forma y fondo. Lo que significa esta distorsión es que la concentración de poder intensifica el control político sobre el proceso de nombramientos, lo que derrumba la imparcialidad con la que se intentó que naciera esa reforma.
Desde el inicio de los debates de la Reforma al Poder Judicial, los integrantes del tribunal electoral, del equipo de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, mostraron una inusitada indiferencia traducida en posturas tibias, facciosas y acomodaticias.
Aunque con la denuncia existente en contra de Mónica Soto, de la que ella no habla se presentó el 27 de mayo en la oficina del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que se detalló la manera en que los magistrados de la Sala Superior, Mónica Soto y Felipe Fuentes Barrera incurrieron en falta grave al rehuir su función constitucional y dejaron de resolver en tiempo y forma la impugnación presentada ante la Sala Superior, en contra del partido Movimiento Ciudadano.
La magistrada Mónica Soto ya marcó su carrera y en adelante tendrá una visión al nuevo orden alejada de las decisiones técnico-jurídicas.
La crisis de instituciones político-electorales se agudiza al arranque del proceso electoral extraordinario de junio próximNorma Piñao. El INE y en este caso el TEPJF se encuentra debilitados y con esa fragilidad transitan en un andamiaje en el que la democracia se distorsiona y trastoca sus más elementales principios como la independencia y la autonomía.
