- En más de 20 años, el rescato bancario vuelve a tomar relevancia entre legisladores, PRI y PT coinciden en dejarlo de pagar, mientras Morena analiza la situación aunque lo ve complicado, debido a que se trata de una deuda histórica que no está contemplada desaparecer.
Rubén Arizmendi / Yvonne Reyes
Hace 26 años, el Fobaproa se incrustó en la agenda político financiera del país. Desde ese momento, la sobrerregulación al sistema bancario nacional y la lucha por evitar una deuda pública arrastró al país a los primeros visos de polarización.
La complejidad del tema financiero y la serie de intereses político-económicos, a su alrededor, trastocó las relaciones partidistas desde el gobierno de Ernesto Zedillo hasta la primera parte de la cuatroté con Andrés Manuel López Obrador.
En la actualidad, el tema del rescate bancario y su deuda histórica en el país no había sido tocado en las campañas políticas y dejó de ser tema de interés para los opositores del pasado dentro del Congreso de la Unión.
Sin embargo, el tema emerge y comienza a dar codazos para meterse en la agenda legislativa y convertirlo en un asunto de interés público en esta época. A final de cuentas, el péndulo político invirtió los papeles y los opositores de ayer al Fobaproa, hoy forman parte del oficialismo titubeante.
Sin dudarlo y a pesar de ir sin el palomeó de Morena, el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propuso cancelar el pago de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), por considerarla inmoral e ilegal.
La diputada Magdalena Núñez Monreal indicó que este adeudo representa un “severo robo” a la nación y a todos los mexicanos que se ha debido pagar desde 2000, por lo que es indispensable eliminarla de inmediato.
Dijo que la bancada del PT ha mostrado congruencia ideológica y política, y por ello, en su momento, votó contra ese atropello.
“Se propone la eliminación de esta pesada losa que se ha cargado sobre las espaldas del pueblo de México”, puntualizó, al tiempo de recordar que la deuda original era de 552 mil millones y, con el paso de los años, se han pagado más de 1.3 billones en intereses.
Por su parte, Reginaldo Sandoval, líder de la bancada petista dijo que la iniciativa impulsada por su grupo parlamentario busca reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con la finalidad de eliminar el pago de la deuda del Fobaproa.
Hizo un llamado a Morena y a todos los grupos parlamentarios a respaldar la propuesta en vísperas de la discusión del Presupuesto 2025, pues es preciso evitar que sigan mermando los recursos públicos cuando hacen falta para cubrir necesidades en diversos rubros.
Subrayó que la deuda deriva de los “errores de diciembre” y del cambio de gobierno de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo que llevó a una crisis en la que se ejecutó el peor saqueo de las arcas federales a favor de particulares.
Esta propuesta se suma a la que ya en diversas ocasiones ha hecho el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, de ya no seguir pagando el Fobaproa.
Sin embargo, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, dijo que se tiene que seguir cumpliendo con este millonario compromiso financiero.
“Es un compromiso que México tiene que asumir ese error de haber convertido la deuda privada en deuda pública y año con año se tiene que pagar”, concluyó.
Va propuesta
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, anunció que presentará esta semana dos iniciativas, una que planteó desde el año pasado, para que se elimine el pago al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y otra para eliminar el cobro de comisiones a personas mayores de 65 años.
Consideroó que ya se pagó demasiado al Fobaproa, poco más de un billón de pesos, razón por la que liquidarlo en estos momentos permitiría aplicar recursos presupuestarios a otros rubros importantes para el ejercicio fiscal de 2025.
Moreira y otros militantes priistas, indicaron que el problema fue que en los pagarés del Fobaproa se incluyeron préstamos de socios o de empresarios, es decir deuda personal, que el gobierno nunca debió haber asumido para reembolsar ese dinero.
Sin embargo, detallaron que esto no significa dejar sin protección a los ahorradores de la actualidad, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mantendría los fondos para dar seguridad a ellos, solamente se dejaría de trasladar dinero para los pagos que desde hace varias décadas se hacen a los bancos por deudas de dudosa calidad.
Por ello, insistieron en la necesidad de crear una Comisión Especial para liquidar este fondo y que el dinero de ese rescate bancario, que en realidad no fue para todos los bancos, se destine a los estados, a programas sociales y al campo, en respuesta a la crisis que atraviesan las finanzas del gobierno.
Moreira insistió en que hay que decirle a la gente que cada año se pagan 70 mil millones de pesos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), por lo que se ha convertido un rescate que no tiene fondo.
Por su parte, el economista Mario Di Costanzo aclaró que durante el sexenio del presidente López Obrador se le destinó casi el doble de recursos al Fobaproa, en comparación con la administración de Peña Nieto, porque la tasa de interés subió y los recursos están en función de ésta.
Más análisis
Mientras que ahora, desde el espacio del oficialismo, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, indicó que analizan la propuesta de dejar de pagar el Fobaproa.
Adelantó que “no es fácil, porque es un compromiso que México tiene y que ha sufragado billones de pesos por ese error de haber convertido la deuda privada en deuda pública, que ahora tiene que estarse pagando año con año los intereses del Fobaproa, del apoyo a los bancos de aquella época con Ernesto Zedillo; ahora seguimos pagando año con año en el Presupuesto una cantidad considerable de recursos”.
Afirmó que una propuesta así “se tiene que revisar. No se puede simplemente tomar una decisión sin analizar las consecuencias que se puedan tener, porque son compromisos contraídos con el exterior y es, en efecto, una deuda, porque desde el momento en que se trasladó de haber sido deuda privada de bancos a deuda pública de los mexicanos, estamos pagando las consecuencias de ese error”.