La propuesta de creación del Tren Maya a pasado a manos de la ONU, donde la oficina de México del Alto Comisionado para los derechos humanos decidió rechazar la consulta ciudadana, dirigida por el gobierno federal.
Se debe a que la propuesta no cumple con los estándares necesarios en materia internacional, de igual forma critico la consulta al hacer referencia a los beneficios del proyecto, que no se dieron a conocer, además del impacto negativo, pero también observo a personas decían estar de acuerdo con la obra.
Pero esa decisión sólo se basaba en que pudieran recibir servicios de atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura. También lamento el hecho de no participación e involucramiento a las comunidades del lugar, provocando los tiempos fuera muy corto.
La ONU-DH llamó la atención sobre la baja representación de mujeres indígenas en el proceso, además de que en algunas comunidades no hubo claridad sobre si se crearon comités de seguimiento.
“El proceso de consulta indígena sobre el ‘Proyecto de desarrollo Tren Maya’ (…) no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia. (…) Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado”, señaló el organismo en un comunicado.
La ONU-DH vigiló cuatro de las 15 asambleas regionales informativas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo estuvo presente en ocho de las 15 asambleas regionales consultivas en Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. El organismo realizó estas actividades por invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, y de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Pese al rechazo que mostró la ONU-DH a la consulta ciudadana, celebró el compromiso del gobierno para celebrar procesos adicionales y ampliar la participación de las comunidades que podrían ver afectadas por el megaproyecto.