El fiscal general de México, Alejandro Gertz, ha informado este martes de que la dependencia ha presentado 46 órdenes de captura contra servidores públicos por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero. Se trata de 46 funcionarios de “diversos municipios” de esa región. Además, está pendiente la captura de Tomás Zerón, arquitecto de las investigaciones durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Gertz ha dicho que Zerón “ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol, para su localización a nivel internacional y su extradición”. En marzo, la prensa mexicana publicó que Zerón había huido a Canadá. La fiscalía acusa a Zerón de tortura, desaparición de personas y delitos contra la administración de justicia. La dependencia busca también a dos integrantes de su equipo, Carlos Arrieta y Julio Dagoberto Contreras, el primero jefe de la Policía Ministerial y el segundo, integrante de la misma corporación.
Gertz ha adelantado que a finales de esta semana, la Fiscalía espera “judicializar a otros funcionarios de diversos niveles”. También ha dicho que darán a conocer los resultados de los estudios realizados a los restos óseos que los investigadores han encontrado en los últimos meses de búsqueda de los 43. Son restos que la Fiscalía mandó al laboratorio de la Universidad de Innsbruck para su análisis.
Virtual y sin posibilidad de hacer preguntas, el mensaje del fiscal ha concluido con un guiño a las familias de los 43: “Se acabó la verdad histórica”. Gertz se refería a la expresión que uso el primer fiscal de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, cuando presentó los resultados de sus investigaciones, comandadas por Zerón, en 2014. Aquella versión planteaba que el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyado por policías de Iguala y otros pueblos cercanos, había atacado a los estudiantes y luego había capturado a los que había podido y los había matado y quemado en un basurero. Los motivos del ataque son parte del misterio que rodea el caso desde el principio. Hasta ahora, la teoría más aceptada es que los Guerreros Unidos asumieron que los estudiantes eran en realidad integrantes de un grupo delictivo rival.
Gertz ha recordado, además, la detención la semana pasada de José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos. En busca desde 2015, José Ángel es hermano de Sidronio, Mario y Adán, detenidos en los meses posteriores a la desaparición de los 43. La fiscalía acusa a Casarrubias de delincuencia organizada. El fiscal ha dicho este martes que El Mochomo “fue un participante de gran notoriedad en este caso”.
El Mochomo no es el último hermano Casarrubias que podría aportar información sobre los 43. Hay un quinto hermano, José Alfredo, que la noche de los hechos era capitán del Ejército. Durante esos años, los abogados de las familias han pedido a la fiscalía que lo investigue para entender su actuación frente a las actividades de sus hermanos.
En el entorno de las familias de los 43, la detención de El Mochomo es importante por la información que podría proporcionar. “Quizá sepa algo más del paradero de los chavos”, explica uno de los integrantes del equipo legal que ha acompañado a los familiares estos años. La verdad histórica de Murillo Karam y Zerón supuso la ruptura de las familias con la fiscalía entonces. La detención de El Mochomo, las nuevas órdenes de captura y las noticias que salgan del laboratorio este fin de semana podrían ofrecer una nueva explicación del destino de los 43.
