SAN JUAN (AP) — La crisis política en Puerto Rico dio un nuevo giro el martes, luego de que un juez emitió órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con un chat en línea que desencadenó la crisis política más reciente en el territorio de Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Justicia Territorial, Kelvin Carrasco, dijo el martes a The Associated Press que las órdenes fueron aprobadas anoche y que eran válidas para quienes no han entregado sus teléfonos todavía. No identificó a los funcionarios y se negó a hacer más comentarios porque la investigación está en curso.
Las órdenes siguen a protestas masivas que exigen la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló, quien participó en una charla en línea _ofensiva y obscena_ entre él y sus asesores. Esa conversación se filtró y desencadenó la crisis actual. El grupo también insultó a las mujeres y se burló de los electores, incluyendo a las víctimas del huracán María.
La crisis política ha llegado a tal punto que muchos se preguntan cómo podrá Rosselló gobernar el territorio estadounidense en los próximos días, y posiblemente semanas, ante las multitudinarias protestas que reclaman su renuncia.
Rosselló se aferró al cargo el lunes en la noche luego de la que parece haber sido la mayor protesta en casi dos décadas en la isla. En declaraciones a la televisora Fox News, el dirigente afrimó que ya se había disculpado por la filtración del chat, pero los puertorriqueños siguen insatisfechos y han dicho que continuarán protestando hasta que abandone el cargo, sin importar el tiempo que haga falta.
“Somos capaces de aguantar lo que sea”, dijo Francisco Javier Díaz, un ingeniero químico de 30 años de Corozal, una localidad del centro del país. “Tenemos el poder y la resiliencia. La verdad es que estamos cansados”.
El martes se cumple la 11ma jornada consecutiva de protestas, mientras las autoridades gubernamentales próximas a Rosselló siguen renunciando. Incluso su propio padre, el exgobernador Pedro Rosselló, dejó sus cargos en el Partido Nuevo Progresista y canceló su membresía, en un serio revés para los miembros de la formación política.
Por su parte, Ricardo Rosselló dijo que no dimitirá y recordó que ya anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y que dejó la presidencia de su partido.
El mandatario justificó su decisión alegando que así puede centrarse en las tareas que tiene entre manos, refiriéndose en parte a la lucha contra la corrupción y a la supervisión de los esfuerzos para recuperarse del paso del huracán María. El meteoro de categoría 4 barrió el país el 20 de septiembre de 2017 y dejó más de 100.000 millones de dólares en daños, provocó un apagón que en algunas partes duró un año y causó miles de muertos, la mayoría de ellos sucumbiendo durante las secuelas asfixiantes de la tormenta.
La isla también ha visto recientemente cómo varias autoridades han sido detenidas por cargos federales de corrupción, entre ellas la exsecretaria de Educación Julia Keleher.
Michelle De La Cruz, una vocera del gobernador, dijo que no estaba disponible para realizar más comentarios.
Preguntado por quién le está recomendando a Rosselló que permanezca en el puesto, su secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, dijo que el mandatario estaba hablando con su familia y que “eso tiene un gran peso”. El padre de Rosselló fue gobernador de 1993 a 2001.
Algunos puertorriqueños han aceptado que el gobernador no se irá, y afirmaron que entonces presionarán a los legisladores para que inicien un juicio político.
“Tienen el poder en sus manos”, señaló Normarie Matos, una gestora financiera de 43 años de San Juan. “Ya a la gente se le quitó el miedo”.
La multitudinaria protesta del lunes se produjo 10 días después de la filtración de 889 páginas de chats de internet en las que Rosselló y algunos de sus asesores más cercanos insultaban a mujeres y se burlaban de sus electores, incluso víctimas del huracán María.
Esta filtración acrecentó la latente ira existente en la isla por la corrupción y la mala gestión de los dos principales partidos políticos del territorio, a los que muchos culpan de los 13 años de recesión y de una grave crisis de deuda que derivó en medidas de austeridad, como recortes en las pensiones.
“No quiero que las generaciones futuras sufran lo que nosotros hemos sufrido”, apuntó Tania García, una ingeniera de 25 años de la localidad oriental de Juncos, que prometió que seguirá protestando. “Cada día esto va a tomar más fuerza”.
La manifestación del lunes fue la más multitudinaria en la isla desde que los puertorriqueños salieron a la calle para poner fin a las maniobras de la Marina de Estados Unidos en la Isla de Vieques hace más de 15 años. Se esperan más protestas para esta semana.
