POR DIEGO JEMIO/ BUENOS AIRES
“Todo fue un horror. Lo que le hicieron a Lucía no tiene nombre”, dice Marta Montero. Su marido, Guillermo Pérez, asiente con la cabeza. Salvo el tibio timbre de sus voces y el ladrido esporádico de alguno de los cuatro perros, la casa es toda silencio, instantes baldíos y tristes. El chalet está ubicado en un barrio de la periferia de Mar del Plata, la ciudad más elegida por los argentinos para veranear, a 400 kilómetros de Buenos Aires. A unos pocos minutos de acá, está Punta Mogotes, un complejo de balnearios que ahora está atiborrado de gente que quema sus dos semanas de vacaciones con sol y agua salada.
Para Marta y Guillermo no hay más veranos. El 8 de octubre de 2016, su hija Lucía, de 16 años, fue drogada, violada y asesinada en un hecho en el que participaron tres hombres, que luego lavaron su cuerpo y lo llevaron a un centro asistencial para que la muerte fuera atribuida a una sobredosis. “En mi carrera, jamás vi una conjunción de hechos tan aberrantes. La víctima sufrió una agresión sexual inhumana”, dice la fiscal María Isabel Sánchez.
“Mi hija sufrió una tortura sexual”, cuenta Guillermo con los ojos vidriosos. “No podés entender cómo un ser humano puede hacerle tanto daño a otro”, agrega Marta. Lucía murió empalada, de la misma forma que el rey persa Darío ejecutó a los babilonios entre los siglos VI y V antes de Cristo.
El feminicidio de Lucía no fue uno más para la sociedad argentina. El 19 de octubre, a los pocos días de su muerte, el colectivo Ni Una Menos, agrupaciones feministas y de derechos humanos convocaron a un Paro Nacional de Mujeres, que fue multitudinario en todo el territorio. La primera gran marcha del Ni Una Menos había sido el 3 de junio de 2015 y se repitió el año pasado. Y ahora, en 2017, habrá un Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo. El reclamo es el mismo: un grito desesperado contra una sociedad patriarcal y machista, que está matando a las mujeres, sus hijos y familias.
Aunque la problemática no alcanza la magnitud de otros países como México y Colombia, las cifras son preocupantes para Argentina. En 2016, según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, hubo en el país 290 feminicidios y 401 hijos e hijas quedaron sin madre. Al momento de escribir este texto, se contaban 57 feminicidios en sólo 43 días de 2017. Algunas organizaciones hablan de una muerte por violencia machista cada 30 horas. Al no haber estadísticas oficiales –todas son de organizaciones civiles–, resulta imposible hacer un mapeo claro.
“Ni Una Menos modificó en la Argentina el umbral de tolerancia sobre las violencias patriarcales y machistas. Y generó una enorme politización en sectores que no lo estaban. En este país y en otros de la región, se transformó en un grito contra la violencia machista. Antes eran temas que tratábamos las feministas”, dice Marta Dillon, periodista, escritora e integrante del colectivo del Ni Una Menos.
A partir de esa y de otras marchas, los casos de feminicidios comenzaron a multiplicarse –o quizá sólo a visibilizarse más– con una crueldad cada vez mayor. En Santiago del Estero, un hombre acuchilló a su mujer y a sus cuatro hijos e hizo explotar la casa con una garrafa. En La Plata (Buenos Aires), un fisicoculturista mantuvo de rehén a su pareja durante seis días, en los que la violó en reiteradas oportunidades. Ella sufrió lesiones en las cervicales y lucha por volver a caminar. Los casos nuevos aparecen todos los días en los diarios y canales de televisión, cada método es más cruento que el anterior.
Dillon cree que esa crudeza responde a una rebeldía creciente en las mujeres, que se animan a denunciar. “A partir de las marchas, se multiplicaron exponencialmente las denuncias. Los varones machistas reclaman sus privilegios y lo hacen con violencia. Las mujeres deben luchar también contra una carencia de políticas públicas”.
Ley sí, presupuesto no
Desde 2009, Argentina cuenta con la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Va más allá de los espacios domésticos y contempla la violencia laboral y contra la libertad reproductiva. “La ley es de avanzada y modelo en la región, pero dista mucho de ser aplicada”, opina Alba Salinas, abogada e integrante del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM) de Mar del Plata.
Salinas conoce bien la problemática de la ciudad donde fue asesinada Lucía Pérez y del resto del país. La ONG de la que fue presidenta durante seis años trabaja en la problemática desde 1988, a raíz de la muerte de Alicia Muñiz a manos del ex campeón de boxeo Carlos Monzón. En aquellos años, la violencia estaba naturalizada e invisibilizada y no existía ni una ley de violencia familiar. Salinas considera que Argentina avanzó mucho desde aquellos años, pero cree que falta formación en los funcionarios del Estado y recursos presupuestarios.
“A través de sus campañas de difusión, el Estado les dice a las mujeres que hagan la denuncia. Una vez que lo hacen, las deficiencias son monstruosas. Los funcionarios, desde policías a operadores, desconocen la complejidad de la temática. Hay una falta de atención integral y una revictimización por parte del Estado. Los recursos son insuficientes para asistir a las mujeres, protegerlas con efectividad y producir un cambio cultural destinado a erradicar la violencia. La Comisaría de la Mujer de Mar del Plata, por ejemplo, recibe 30 denuncias diarias; hay poco personal y algunas mujeres deben esperar tres o cuatro horas para ser atendidas. La ley es de avanzada, pero el presupuesto resulta escaso”, explica Salinas. El año pasado, en Mar del Plata, el municipio decretó la emergencia en violencia de género, pero la medida aún no fue implementada en su totalidad. “Se debe pensar a corto plazo para proteger a las mujeres en riesgo. Y a largo plazo para cambiar los paradigmas. Si eso no curre, vamos a seguir contando femicidios”, agrega.
Marta Dillon va más allá y señala que el Estado es cómplice. El mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció un recorte de 67 millones de pesos argentinos (4.1 millones de dólares) al Consejo Nacional de las Mujeres y el Plan contra la Violencia a Mujeres. A raíz de un amparo presentado por organizaciones sociales y de la presión de la opinión pública, dijo que daría marcha atrás en la medida, pero no hizo la corrección en el Boletín Oficial. “La gran mayoría de las mujeres no tienen recursos para pagar un abogado. El Estado ofrece, por ejemplo, un refugio por unos días. Pero no se puede vivir refugiado. El problema es complejo y la respuesta también debe serlo”, opina Dillon.
La tristeza más profunda
“Yo no sé de leyes. Sí sé que las familias quedan destrozadas. Y que todos los varones tenemos que marchar el 8 de marzo”, dice Guillermo Pérez, padre de Lucía.
Es la hora de la cena, pero la pareja no come nada y habla alrededor de un mate que pasan de mano en mano. Matías, el otro hijo, de 20 años, llega y se suma a la charla. Dice que su hermana amaba la música y los animales. Y que quiere que la justicia argentina no sea tan lenta. La tristeza se vuelve un lodo espeso y Matías se va a la casa de la novia por un rato. Al pasar, cuenta que esta tarde encontraron a otra chica muerta en un parque de Mar del Plata. El novio está detenido.
Todavía faltan unos dos años para el juicio por la muerte de Lucía. Un largo camino de dolor. Me quedo callado y me pregunto si podrán alguna vez borrar, aunque sea por un minuto, la tristeza de sus vidas. No he hablado, pero Marta pareciera leer mi pensamiento.
“El tiempo no pasa. El horror es como una película que viste ayer, volvés a verla hoy y la verás mañana. Es algo involuntario. De repente, aparece el espanto de lo que pasó. Es un segundo, en el que te das cuenta de que Lucía no volverá jamás. Ahí caés en un pozo, en la tristeza más profunda. Tenés que luchar contra eso. Llegará el momento en el que esto sane un poco y podamos recordarla con una sonrisa. Pero la tristeza todavía está muy viva”.
ARGENTINA Y MÉXICO LUCHAN CONTRA EL FEMINICIDIO
Aunque la problemática tiene las mismas raíces, Argentina y México viven situaciones diferentes en su lucha contra el feminicidio. En el país gobernado por Mauricio Macri muere una mujer cada 30 horas, según calculan las organizaciones feministas ante la falta de estadísticas oficiales. En México, son asesinadas siete mujeres por día, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Entre 2000 y 2014, fueron asesinadas 26 000 mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
λ Desde 2009, Argentina cuenta con una la Ley de Protección Integral a las Mujeres, considerada modelo en la región; mientras que México apenas acaba de aprobar una reforma en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el feminicidio sea considerado delito grave y amerite prisión preventiva.
λ De cualquier forma, Yanina Waldhorn, responsable en Argentina del Frente Feminista de los Movimientos Sociales del Alba, sostiene que los padecimientos son análogos. “Las situaciones de los países de nuestra América son similares, aunque en México y Colombia las estadísticas son aún peores”.