A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en muchos países industrializados, las mujeres lucharon por el derecho al voto. “Nunca habrá una igualdad completa hasta que las propias mujeres ayuden a sacar leyes adelante y elijan a los legisladores”, expresó la sufragista Susan B. Anthony.
Más de un siglo después, el único país en el mundo en el que las mujeres no pueden votar es la Ciudad del Vaticano: allí, el derecho de emitir votos para elegir a un nuevo papa se restringe a los cardenales, que son todos hombres.
Indudablemente, en la mayor parte del mundo, las mujeres han progresado enormemente para alcanzar la igualdad ante la ley desde los tiempos de las sufragistas, y desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en 1948. Sin embargo, en 2018, según el Banco Mundial, 104 países aún cuentan con leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados empleos, 59 no están equipados con leyes sobre acoso sexual en el lugar de trabajo y, en 18 países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.
La discriminación contra las mujeres se entrelaza a menudo con la discriminación basada en otros motivos, tales como el color, la raza, el idioma, la religión, la política u otras opiniones, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento u otro estatus.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha destacado el considerable progreso realizado en los 70 años desde la adopción de la DUDH, como resultado de que personas en todo el mundo demandan “el fin de la discriminación, la tiranía y la explotación”. Sin embargo, no caben dudas de que el mundo aún tiene un largo camino por recorrer si quiere alcanzar el compromiso del expresidente sudafricano Nelson Mandela, de “liberar a toda nuestra gente del yugo continuo de la pobreza, la privación, el sufrimiento, la discriminación por género o de otro tipo”.
Con información de Noticias ONU.
