MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, tenía previsto dirigirse el lunes a un pleno del Congreso filipino, donde sus aliados tienen más control, para presionar en favor de algunas de sus prioridades, como reinstaurar la pena de muerte y enmendar la democrática constitución.
Duterte tenía previsto ofrecer su discurso sobre el estado de la nación en la Cámara de Representantes, donde miles de manifestantes empezaban a reunirse para protestar en el exterior y pedir su renuncia por varios motivos, incluida su brutal campaña antidroga.
Ejército y policía estaban en alerta. Las autoridades declararon una zona de exclusión aérea sobre el lugar y sus alrededores para garantizar la seguridad.
Duterte, de 74 años, asumió el cargo en junio de 2016 y ha mantenido una gran popularidad en los sondeos pese a su sangrienta campaña de represión sobre el narcotráfico, que ha dado la alarma a nivel internacional, y otras medidas controvertidas. Sus aliados ganaron representación parlamentaria en las elecciones de media legislatura en mayo, lo que le da más control sobre el congreso, especialmente en el Senado de 24 miembros, que se opuso a algunas de sus iniciativas clave el año pasado.
Era probable que el mandatario comentara sus planes para continuar su guerra contra la droga y la delincuencia, la corrupción, las insurgencias comunista y musulmana y formas de sostener el crecimiento económico en sus últimos tres años en el cargo, señaló el portavoz presidencial Salvador Panelo.
Otros colaboradores dijeron que Duterte podría referirse a una resolución adoptada hace dos semanas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que el máximo organismo de derechos humanos de la ONU investigue la muerte de miles de sospechosos en la campaña antidroga del gobierno filipino.
Se esperaba que las protestas del lunes reflejaran la indignación por esas muertes y por el reciente anuncio del presidente de que ha llegado a un acuerdo con el presidente de China, Xi Jinping, para permitir que los pescadores chinos faenen en la zona económica exclusiva del país. Los críticos afirman que eso incumple la Constitución, que requiere que los presidentes protejan el territorio y los derechos soberanos del país.