TUCSON, Arizona, EE.UU. (AP) — Durante meses, las autoridades estadounidenses sospecharon que un grupo humanitario albergaba inmigrantes, lo que al final resultó en cargos por delitos graves contra un voluntario que dice que simplemente estaba siendo un buen samaritano, según documentos judiciales recientemente publicados.
En junio, un jurado no pudo llegar a un veredicto contra Scott Warren por cargos de conspiración y albergar y transportar inmigrantes. Los fiscales federales quieren volver a enjuiciar Warren, de Ajo, Arizona, por dos cargos de albergar a inmigrantes en noviembre.
Warren ha dicho que estaba cumpliendo su deber humanitario ayudando a dos hombres migrantes heridos en una instalación conocida como “The Barn” (“El Granero”), donde se encuentran miembros del grupo humanitario No More Deaths (No Más Muertes). Los fiscales dicen que los estaba ayudando a evadir a las autoridades.
Documentos del caso recién difundidos muestran el cronograma de la investigación que condujo al arresto de Warren y al mismo tiempo revelan cómo habitantes locales y funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos trabajaron estrechamente con los agentes de la Patrulla Fronteriza.
En abril de 2017, una persona anónima de Ajo contactó a la Patrulla Fronteriza diciendo que sospechaba que los miembros de No More Deaths estaban albergando inmigrantes en “The Barn”.
La relación entre los miembros de No More Deaths y las autoridades federales _que los ven como una molestia por dejar garrafas de agua en terrenos federales y ya habían tomado medidas contra ellos_ era cada vez más tensa.
El grupo dijo que no tenía a nadie disponible para comentar, aunque ha señalado repetidamente que su misión es ayudar a migrantes que de otra manera podrían morir en el desierto. La fiscalía tampoco quiso comentar sobre los documentos.
A principios de este mes, un juez federal ordenó que se difundieran varios expedientes de la corte a pedido de la organización de noticias The Intercept y otros, incluida The Associated Press.
Los fiscales argumentaron que los documentos ahora difundidos nunca deberían haberse presentado en la corte, y sostuvieron que deberían mantenerse archivados porque no eran relevantes para el resultado del caso.
