POR VÍCTOR H. RÍOS / BARCELONA, ESPAÑA
La primera señal de alerta que recibió Montse Pérez, una catalana de 54 años, fue a las pocas semanas de alquilar su departamento en la Barceloneta, la zona urbana más próxima a las turísticas playas del Mediterráneo: su flamante inquilino, un joven de 26 años de origen ruso, dejó de contestarle mensajes, llamadas y correos.
En su último contacto le había dicho que estaría fuera de España por asuntos de trabajo, así que Montse y su esposo decidieron darse una vuelta en el barrio para comprobarlo. Entonces descubrieron la segunda señal de alarma. Su departamento sí estaba habitado… por unos turistas italianos.
La tercera señal, la peor de todas, se la dieron los distintos vecinos del inmueble, a quienes contactó: a lo largo de esas semanas, al menos una docena de personas, de distintas nacionalidades y orígenes, había ocupado el departamento familiar que ella había alquilado al joven ruso por una cantidad nada despreciable: 950 euros al mes (casi 20 000 pesos mexicanos).
Imposibilitada de recuperar su propiedad, ante el silencio del inquilino ruso, Montse buscó asesoría directa en la empresa que estaba siendo utilizada como instrumento para el subarrendamiento de su casa: la plataforma estadounidense Airbnb.
Según relata el despacho de abogados que lleva su caso, la plataforma se excusó de prestarle ayuda, debido a la existencia de un contrato por tres años plenamente legal, aunque ofreció su mediación entre ella y el inquilino a fin de arreglar el asunto. Montse estalló: “¡¿Pero cómo es posible que Airbnb permita arrendar una casa a quienes no son los propietarios?!”.
Decidida a recuperar su propiedad, ideó un plan: abrió una cuenta personal en Airbnb, buscó en el calendario de ocupación las fechas disponibles para su propio departamento y, en un golpe de suerte, logró alquilarlo en los primeros días de junio pasado, justo antes del comienzo del largo y jugoso verano turístico europeo, cuando los alquileres de espacios como el suyo, ubicados en las zonas turísticas, rebasan los 200 euros la noche, casi 4 000 pesos.
Su historia se hizo famosa en horas, y comenzó a recibir a periodistas, curiosos y el apoyo de nuevas víctimas que, al conocer su historia, detectaron signos parecidos en sus propiedades. El fenómeno se destapó muy pronto: casos parecidos ocurrieron en Madrid, las islas Canarias, Málaga, Sevilla, Valencia y prácticamente todas las ciudades turísticas del Mediterráneo español. Se comenzó a hablar de toda una mafia.
El escándalo creció cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, publicó un mensaje demoledor contra la plataforma, a la que acusó de violar todas las leyes de arrendamiento: “Airbnb traspasa todos los límites legales. Les hemos multado con 600 000 euros y seguiremos multándoles hasta que cumplan la ley”.
Jaime Ventura, sociólogo de origen mexicano, considera que “las plataformas de ese tipo aprovechan una serie de vacíos legales y los problemas económicos de la región, (y de un sector) que ve en el arrendamiento una fuente de ingresos”, pero también hay otra razón: el negocio puede alcanzar los 8 000 departamentos turísticos irregulares. No en vano la valuación de Airbnb en el mercado es billonaria.
El problema legal se hizo más grande. De acuerdo con la funcionaria municipal Janet Sanz, el cinismo de Airbnb ha llegado a tal extremo que hasta un ex directivo de la plataforma, cuyo nombre no ha sido revelado, ofreció su propio departamento para alquiler turístico sin registro oficial, cuando eso está prohibido por la ley. De acuerdo con Sanz, esto es “una estafa a la ciudad”.
Al solicitar la postura de los responsables de Airbnb en España ante esta historia, ellos enviaron un comunicado que a la letra dice: “Los anuncios falsos no tienen lugar en nuestra comunidad. No hay nada más importante que salvaguardar la seguridad de nuestra comunidad y ganar su confianza. Nuestro equipo está trabajando duro a fin de fortalecer esas defensas en la plataforma”.
En un correo electrónico, comentaron que el problema puede estar circunscrito a Barcelona y algunas otras ciudades españolas, y que ya trabajan con la autoridad con la finalidad de solucionarlo.
Sin embargo, mientras otras plataformas, como Booking.com y AllTheRooms aceptaron las disposiciones legales exigidas por Barcelona, y ofrecieron colaboración inmediata a la alcaldía, Airbnb se mostró renuente.
El fenómeno es más grande de lo que parece. La encuesta municipal anual 2017, publicada a principios de julio, arrojó por primera vez un resultado sorprendente: por encima de la inseguridad o el desempleo, para los barceloneses el primer problema social de la ciudad es el turismo, y no es la única. En el último año, en otras ciudades europeas, como Amsterdam, Londres, París, Milán y Roma, se han detonado escándalos y escenarios parecidos, en lo que parece un fenómeno continental: la explosión de fraudes con viviendas familiares que son convertidas en cuartos de hotel, para ganancia de unos pocos y perjuicio de muchos.
PARÍS Y LONDRES
Max y Greg son, según Airbnb, dos hermanos franceses jóvenes que tienen un “bonito apartamento situado en el corazón del parisino 7.º distrito, cerca de Les Invalides y la Torre Eiffel”. Dos hermanos que ofrecen, por 70 euros la noche, un loft que incluye traslado desde el aeropuerto “a un precio inferior al de los taxis de París”.
Reservar con ellos seis días de vacaciones en su departamento de un dormitorio, baño, cocina y wifi, ubicado en un quinto piso, supera los 600 euros (12 000 pesos), una fortuna para los bolsillos clasemedieros, pero una ganga para los precios de infarto que alcanzan los hoteles de París en esas fechas.
Al alquiler por noche suman gastos de limpieza, la tarifa destinada a la plataforma y un impuesto: 9 euros sobre el alojamiento que la alcaldía, encabezada por Anne Hidalgo, obligó a cobrar recientemente.
Ellos son sólo un par de los más de 65 000 usuarios que ofrecen viviendas en París mediante la plataforma digital, lo cual le ha ocasionado a la ciudad un boquete económico multimillonario, al competir de manera inequitativa con el mercado hotelero formal.
En París, la gente puede alquilar su vivienda particular a través de Airbnb durante un máximo de 120 días al año, con el propósito de obtener recursos extras mediante esa vía, pero no todos cumplen y eso ha provocado un terremoto en el sector hotelero formal, que en cinco años ha perdido más de 20 000 cuartos regulados, según datos de la autoridad local.
El sector de vivienda tradicional también ha sido afectado, porque el precio del alquiler de habitaciones en esas plataformas es del doble o hasta el triple de lo tradicional, que de por sí es muy caro en París. Así, la vivienda común ha alcanzado precios impagables para un inquilino normal en algunas zonas, tanto en alquiler como en compra. Lo mismo que ocurre ya en otras ciudades francesas.
Según las autoridades, unas 5 000 viviendas parisinas son irregulares, y muchas de éstas se escudan en los recovecos legales que les ofrecen plataformas como Airbnb para hacerlo.
El pasado 5 de julio, el ayuntamiento de París publicó un comunicado en el que anunció la creación de un ordenamiento específico a fin de contener los estragos:
“Dada la magnitud de la situación, la ciudad de París desea, más allá de las inspecciones realizadas, establecer un régimen de declaración previa, sujeto a un número de registro” con el objeto de evitar que los arrendatarios excedan el límite legal de alquiler de sus viviendas residenciales.
Esa medida, anunciada profusamente en todos los medios europeos, fue retomada de inmediato por otras ciudades francesas, que han sufrido los mismos impactos, sobre todo en la Riviera francesa, donde el alquiler en temporada de verano llega hasta a quintuplicarse en algunos casos y ha generado una burbuja inmobiliaria.
Del otro lado del Canal de la Mancha las cosas no van mejor. En Londres, en enero pasado el gobierno de la ciudad anunció una medida legal con el propósito de impedir que los propietarios particulares alquilen sus viviendas al turismo más de 90 noches al año.
En términos económicos, eso significa una guerra contra Airbnb, si se considera que Londres es su segundo mercado más importante en el mundo, únicamente detrás de Nueva York, y que según el Financial Times la medida supone una pérdida de más de 350 millones de dólares para la plataforma.
“Las reservas durante este año podrían ser un tercio inferiores tras la imposición de ese límite”, explicó la publicación, que consideró la posibilidad de que las medidas se extiendan a otras regiones del Reino Unido.
El mismo modelo ya tenía antecedentes en ciudades como Berlín, que impuso una prohibición para los alojamientos de corto plazo en viviendas completas, o Amsterdam, que fue la ciudad pionera en acotar el margen de acción de Airbnb al limitar las estancias privadas en viviendas a sólo 60 noches al año.
“Una vivienda debe seguir siendo una vivienda”, estableció la autoridad holandesa, “y este acuerdo se firma para interés de todo Amsterdam, los residentes, los vecinos y los propietarios que comparten su vivienda con los visitantes”.
Pero este es un fenómeno que no va a detenerse fácilmente, como explica Ventura: “Las ganancias en todas las ciudades importantes de Europa son tres o cuatro veces más grandes que las pérdidas por acción de la autoridad y eso hace posible que el negocio siga vivo y sea bueno para ellos”, además de que Airbnb ya ha lanzado otros productos, como la venta de experiencias, con la finalidad de capitalizar su comunidad y compensar sus pérdidas. Así que, esta historia continuará.