POR ÉMILIAN BRUNET / ESTRASBURGO, FRANCIA
Frente al desconcierto que supone para la economía mexicana la presidencia de Donald Trump y la aún desconocida transformación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el país parece obligado a rediseñar su estrategia de comercio internacional. Será complicado, como ya lo muestra la renegociación con el mercado europeo, uno de los más grandes del mundo y con el que México sostiene un “ambicioso” tratado bilateral que durante años ha sido desaprovechado: la Unión Europea ofrece abrirse más a cambio de obtener que el país entre al nuevo modelo de libre mercado en el que, para sus detractores, ganan poder los intereses corporativos. Y es que México, además, negocia en condiciones adversas.
Prisa repentina
El secretario de Economía Ildefonso Guajardo y su contraparte europea de comercio, Cecilia Malmström, anunciaron a principios de febrero que luego de charlar por teléfono tomaron la decisión de acelerar las negociaciones de “modernización” del acuerdo entre México y la Unión Europea (UE) que está en vigor desde 2000. Sin embargo, funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) –el cuerpo diplomático de los 28 Estados asociados– han comentado públicamente y por separado que fue la parte mexicana la que de pronto mostró urgencia para concluir tales negociaciones, que arrancaron en mayo de 2016 sin mucha publicidad.
Según Edita Hrda, directora ejecutiva del SEAE para la región de América Latina, “el interés (del Gobierno de México) no era tan grande. (Sus negociadores) no tenían tanta prisa, (pero) todo cambió”. Los mexicanos tardaron en hacer observaciones a seis documentos enviados por Bruselas en noviembre y fueron respondidos hasta mediados de diciembre que viajó a la capital belga el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, revela otro funcionario europeo que solicitó anonimato.
Y es que con el inesperado triunfo presidencial del republicano Donald Trump en noviembre pasado y la posibilidad de que Estados Unidos modifique o salga del TLCAN, al Gobierno mexicano le ganaron las prisas. México fijó su mirada en Europa en un repentino afán por caminar lo más rápido posible hacia una necesaria diversificación económica, lo cual no sucedió durante los casi 17 años que lleva vigente el acuerdo bilateral.
En julio de 2000 se abrió el libre comercio con la UE. Según datos de la Secretaría de Economía, ese año el intercambio de mercancías entre los nuevos socios fue de 18 000 millones de dólares. Para 2005 ese monto se elevó a 26 000 millones y en 2015 alcanzó 53 000 millones de dólares. Las autoridades de ambos lados parten en gran medida de esas cifras de crecimiento comercial, y de una intensificación del diálogo político, para clamar el “éxito” del tratado.
Pero las interpretaciones políticas hacen corto circuito con otros números que matizan el optimismo. Desde que entró en marcha el tratado comercial con Europa, la porción de las exportaciones mexicanas que van hacia Estados Unidos apenas bajó de 89 a 81 % y aquella que cruza el Atlántico subió ligeramente: de 3.4 a 5 por ciento.
Es difícil afirmar que México sacó provecho al acuerdo europeo para diversificarse. La agencia estadística de la UE, Eurostat, revela que las exportaciones de México a ese bloque regional están creciendo desde 2012 a una tasa anual de 0.3 %; las de los europeos a nuestro país lo hacen a un ritmo de 4.9 %. En servicios, Europa exportó a México casi el doble que al contrario (8 000 millones de dólares en 2015) y en flujos de inversión siete veces más (18 000 millones de dólares ese mismo año).
En 2015, la Comisión Europea –la institución que conduce las negociaciones por la parte europea– contrató a la consultoría holandesa Ecorys para que midiera los efectos socioeconómicos del acuerdo. Sus expertos concluyeron que este había incrementado el producto interno bruto de México un 0.34 % y que elevó el salario de sus trabajadores entre 0.24 y 0.45 %. Estimaron también que fueron “muy pequeños” los efectos contra la pobreza y la desigualdad y no mejoraron los derechos laborales ni humanos en México.
Salvaguardias
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano, ha comunicado a los negociadores europeos que México quiere terminar la renegociación del acuerdo “lo antes posible”. Los apartados en torno al diálogo político y a la cooperación finalizarían este mismo año y la comercial en 2018.
No obstante, la parte europea ya advirtió que sus negociadores no actuarán con prisas si eso significa sacrificar la “calidad” de sus propias expectativas.
La UE y México buscan “ampliar” el acuerdo vigente. En concreto, los europeos han puesto sobre la mesa la negociación de máximos niveles de apertura al mercado mexicano de bienes y servicios, así como en la protección de la propiedad intelectual de sus productos. Solicitan igualmente el acceso a sus empresas de las ofertas públicas de todos los niveles de gobierno (y no sólo federal), pero también que sus inversiones sean garantizadas, y que para ello se incorpore un polémico sistema de arbitraje de conflictos que, según algunos observadores, permitirá a un inversionista exigir indemnizaciones millonarias al Estado en caso de que una decisión suya, incluso de interés público, afecte sus beneficios.
Según un reporte conjunto del Transnational Institute de Ámsterdam y el Institute for Policy Studies de Washington, publicado en junio pasado, México es el séptimo país del mundo con más demandas de inversionistas (23) en tribunales internacionales de arbitraje privado. El Estado mexicano ya ha tenido que pagar 246 millones de dólares, más intereses, por concepto de “daños y perjuicios” a nueve empresas extranjeras, algunas de ellas europeas.
El mismo reporte advierte que, tal como se ha presentado el capítulo de inversiones, no habrá manera de que futuros gobiernos mexicanos reviertan las reformas de apertura de mercados de Enrique Peña Nieto sin correr el riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión. Los europeos, por ejemplo, ya presentaron un borrador para un apartado energético del acuerdo, en el que queda asentado su derecho a competir en el mercado petrolero y de otras energías sin preferencias nacionales y en equidad de condiciones.
Sobre los intereses mexicanos el panorama es menos transparente. Y es que los europeos sí han hecho públicos sus propios reportes y borradores de propuestas –e incluso las minutas de las rondas– que han presentado dentro del proceso de negociación, a excepción de las “directrices” o preceptos que transmitieron los Estados miembros de la UE a sus negociadores, pero que ya fueron filtradas a la prensa.
La citada comisaria europea Malmström ha planteado que la veintena de acuerdos que la UE está negociando o renegociando, uno de ellos el mexicano, serán los más “progresistas” del mundo porque protegerán derechos laborales, medioambientales y humanos, y generarán crecimiento económico, empleos y prosperidad. Y puso como el “modelo” a seguir el tratado integral que negoció Europa con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), el cual entrará en vigor provisionalmente en abril próximo.
Sin embargo, el CETA es uno de los acuerdos comerciales que más rechazo ha enfrentado en Europa. La falta de transparencia en las negociaciones y su presunto contenido contrario a los intereses ciudadanos movilizó a considerables segmentos de su sociedad civil y a los partidos de izquierda. Un tercio de los miembros del Parlamento Europeo votó en contra de su aprobación el 15 de febrero pasado y la batalla por anularlo continúa en los parlamentos nacionales europeos, que todavía deben ratificar el tratado. En octubre pasado, el CETA casi muere cuando un gobierno regional belga socialista se negó a ratificarlo, obligando a los negociadores de ambas partes a añadir de último minuto ciertas garantías al texto original.
Esas salvaguardias incluyen obstáculos para que las empresas estadounidenses instaladas en Canadá no puedan aprovechar el acuerdo para inundar el mercado europeo con sus productos, y permiten a la UE activar fondos de ayuda a sus agricultores en caso de crisis en el sector, además de que el CETA no puede eliminar las legislaciones europeas que prohíben el uso de innovaciones agroalimentarias controvertidas como los organismos genéticamente modificados o las hormonas. Pero sobre todo se estableció que los jueces de los tribunales de resolución de conflictos con inversionistas serán elegidos y pagados permanentemente por los Estados y no provendrán del ámbito empresarial.
Escenario adverso
Está por verse si propuestas semejantes serán puestas sobre la mesa de las negociaciones euromexicanas. En cualquier caso, todo parece indicar que el Gobierno de México negociará en circunstancias económicas y políticas complicadas.
Casi al mismo tiempo que Trump presentó oficialmente su candidatura presidencial, en junio de 2015, la citada consultoría holandesa Ecorys divulgó una estimación del impacto económico que tendría la ampliación del acuerdo. En el “escenario ambicioso” que define el estudio, el producto interno bruto mexicano crecería 0.02 % respecto al acuerdo vigente (de 0.34 a 0.36 %) y los salarios de los trabajadores del país se elevarían entre 0.53 y 0.74 por ciento.
No obstante, el entorno político y económico del país ha cambiado desde entonces. En un análisis del economista Marcel Baartman publicado el 6 de febrero pasado por el Instituto Clingendael de Relaciones Internacionales de Holanda –el cual provee de información a los diplomáticos y a los empresarios de ese país– se advierte que la llegada de Trump al Gobierno de Estados Unidos y sus políticas antimexicanas, incluyendo su posición contra el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUE), tendrá “un enorme impacto sobre la frágil situación económica” de México. Sobre todo si el tratado es de alguna forma cancelado.
El experto holandés explica que “es casi inevitable que con la caída de las exportaciones a Estados Unidos el peso pierda valor, la inflación crezca, se deteriore la confianza de los inversionistas y del consumidor, y todo termine en una difícil situación financiera que arrastre a México a una recesión económica” en 2017, la cual, “al elevar el déficit gubernamental incrementará el desempleo y bajará el poder de compra”.
Como telón de fondo, con las elecciones presidenciales a realizarse en junio de 2018, el pronóstico neerlandés adelanta un “crecimiento de la agitación social y política en México”.
La fuerte vulnerabilidad que se ha ganado México respecto al mercado estadounidense sale igualmente a relucir al observar los efectos que ya se esperaban en torno al Acuerdo de Libre Comercio Trasatlántico entre Estados Unidos y la UE, de cuyas negociaciones no se han retirado las partes oficialmente, aunque Francia y Alemania lo han puesto en cuestionamiento. Según un estudio del instituto Ifo de Múnich, una “apertura integral” de ambos mercados elevaría en promedio 3.3 % el “bienestar global”, siendo Alemania el país más beneficiado con un índice de más de 4 %. Uno de los más perjudicados sería México, con un saldo negativo de más de 7 por ciento.
El Gobierno mexicano quería ser incorporado de alguna forma a las negociaciones entre sus dos principales socios comerciales, lo cual no ocurrió. En ese momento, la entonces embajadora de la UE en México, la belga Marie-Anne Coninsx, quien ahora ocupa ese cargo en Canadá, comentó que para la UE, Estados Unidos es un “socio imprescindible”, y México, “un socio regional”.
