La avenida central de Pinar del Río recrea un arroyo zigzagueante de aguas azules rodeado por plantas frondosas que miles de personas atraviesan cada día.
La urbe engalanó su avenida principal y, como no había sucedido en medio siglo, el diseño estuvo a cargo de tres jóvenes arquitectos que abrieron una suerte de estudio privado.
Los casos exitosos de jóvenes que ofrecen sus servicios al Estado desde el ámbito privado para una obra pública son casi una excepción en Cuba. En la isla, el sector público acapara su trabajo con cierta exclusividad y, a pesar de algunas reformas que han permitido ampliar el número de cubanos que abrieron emprendimientos privados, los profesionales independientes no han logrado licencias para su desempeño como particulares.
Los universitarios que apuestan a quedarse en la isla y aspiran a obtener mejores salarios que los estatales deben sortear las limitaciones impuestas por la ley. Además, la falta de oportunidades es uno de los motivos por el cual miles de jóvenes emigran del país que presume una de las educaciones más prestigiosas del continente.
“Éramos unos jóvenes con muchas inquietudes en relación a la ciudad”, recordó a The Associated Press Oriesky Bencomo, uno de los arquitectos de Ágora, como denominaron a su bufete informal dado que en Cuba no está permitido que los arquitectos monten una oficina.
Los tres jóvenes promovieron su trabajo ante el Gobierno en 2014, cuando el paso de los huracanes dejó a la urbe de 150 000 habitantes en mal estado. Bajo el aliento de la entrega de nuevos permisos, muchas personas comenzaron a reparar casas y locales a fin de arrendarlos.
“Nos acercamos al Gobierno porque sabíamos que habría intervenciones y les propusimos el concepto”, agregó su colega Yasser Jiménez.
En sólo dos años, su estudio desarrolló unos 60 proyectos; una docena para el Estado y –de manera casi excepcional– el resto para particulares.
Su caso dista de la realidad que viven otros universitarios que no tienen autorización para ejercer sus profesiones sino en el marco del Estado u organizaciones afines con sueldos menores a los del sector privado, orillando a los que se quedan en el país a buscar puestos en sectores emergentes, como los restaurantes o el turismo, o a registrarse como practicantes de un oficio que no corresponde a sus habilidades.
De hecho, para desarrollar Ágora, los treintañeros Jiménez, Bencomo y José Luis Valdés tuvieron que inscribirse como “decoradores” y “artesanos”.
Con el propósito de remodelar la Calle Martí, en Pinar del Río, los arquitectos trabajaron con una empresa de servicios comunales; gracias a ello ésta logró librarse de la burocracia que podría haber demorado las obras durante meses si utilizaba otra firma del Estado. Sin embargo, debido a las limitaciones a sus licencias, el estudio de los jóvenes no logró llevar a cabo la ejecución completa.
Aunque la obra representó un avance en su carrera, estos arquitectos no podrán desarrollar todo su potencial mientras no haya una autorización que les permita trabajar por completo de manera privada o instalar una cooperativa.
“Nosotros somos los jóvenes que optamos por quedarnos, vivir acá (en Cuba) y realmente quisiéramos hacer más… proyectos de todo tipo, contratar servicios de ingenieros, hacer un edificio desde cero”, explicó Jiménez, ilusionado.
A partir de 2010, el Gobierno dio curso a un paquete de medidas que contemplaba permisos impensables hasta entonces, como comprar y vender casas o automóviles, instalar restaurantes y permitir arrendamientos de viviendas a turistas, entre otras.
Según cifras oficiales, los trabajadores independientes eran 535 000 a fines de 2016 en las 200 categorías permitidas, un salto cualitativo contra los 140 000 reportados en 2009. Además se autorizó la apertura de cooperativas no agropecuarias –actualmente unas 400– en áreas como la construcción o el reciclamiento de basura.
Sin embargo, un conjunto de disposiciones anunciadas por las autoridades suspendieron recientemente la entrega de nuevas licencias en rubros como el alquiler de habitaciones a turistas o bares, entre las más rentables.
Aunque esta medida no afectó directamente a profesionistas como arquitectos, abogados, informáticos o médicos entre otros –carecen de las autorizaciones para ejercer de manera privada– la coyuntura provocó dudas sobre el panorama futuro entre ellos.
Irina García egresó como jurista de la Universidad de La Habana en 2009, y aunque se desempeñó como fiscal terminó como asesora jurídica de una asociación ligada a la Iglesia católica.
“La mayoría que entra a esta carrera quiere ejercer el Derecho… y la mejor manera es teniendo tu propia firma con un grupo de personas”, indicó García, al tiempo que aclaró que no puede tener su propio bufete porque de las licencias aprobadas “ninguna está prevista para los servicios legales”.
Ella y otros profesionales sostienen que el Gobierno teme que la apertura vacíe las instituciones estatales.
“Cuando (los profesionistas) realmente se sientan estimulados, no todos se van a ir a hacer un negocio privado. No todo el mundo tiene la disposición, los fondos o la valentía, porque hay quien prefiere la estabilidad”, dijo García.
Un sueldo estatal promedio puede llegar al equivalente de 20 a 60 dólares, a lo cual deben sumarse los subsidios del modelo a toda su población – a la alimentación, la salud o lo servicios básicos–. En contraste, un puesto en lugares privados tiene ingresos superiores.
El costo de este fenómeno para el país es alto, advirtieron especialistas.
De acuerdo con el economista cubano Omar Everleny Perez, la falta de una normativa para servicios profesionales “produce descalificación” –cuando estas personas dejan sus profesiones a fin de irse a otros sectores– o favorece la emigración.
Según su colega isleño Pavel Vidal, profesor en la Universidad Javeriana Cali, en Colombia, pese a estas y otras limitaciones para los autorizados, el empleo en el sector privado en la isla creció 7 % en 2016, en contraste con la contracción del producto interno bruto de la economía de 0.9 por ciento.
“Estás moviendo al sector privado una fuerza de trabajo calificada”, dijo Vidal a la AP y advirtió que aunque para los profesionales que trabajan en restaurantes o de taxistas sus desempeños significan un aumento en sus ingresos familiares, “no tiene sentido haber invertido miles de millones en educación y enviarlos a un área de bajo valor agregado”.
Algunos son optimistas y esperan que la apertura de la pequeña y mediana empresa prometida por Castro y la dirección del Partido Comunista permita el desarrollo de estos profesionstas.
Otros, no obstante, lo ven como algo en un horizonte lejano. “Hace muchos años que se funciona de un modo y esas transiciones son lentas”, explicó la abogada García. “No lo veo en un futuro inmediato, me encantaría equivocarme”.
