Desde su inauguración en el 2014, los cien metros cuadrados del Museo 4 de Junio de Hong Kong –el único en todo el territorio chino dedicado a la masacre de Tiananmen– apenas reciben a un puñado de curiosos cada día. Pero en la última semana el trasiego de visitantes se ha disparado. Decenas de personas acuden para saber más sobre aquella tragedia. El motivo del aumento parece claro. “Es posible que pronto lo cierren para siempre”, comenta A. Hung, ingeniera de 35 años.
Gracias al principio de “un país dos sistemas”, Hong Kong goza de mayores derechos que el resto de China. Eso le ha permitido celebrar cada año una vigilia anual en memoria de las víctimas de la matanza en la plaza de Pekín o albergar el museo arriba citado, algo impensable al otro lado de la frontera.
“La situación va a peor”, reconoce un hombre de 40 años apellidado Ho
Por eso, la noticia de que Pekín impondrá en la excolonia una ley de seguridad nacional ha caído aquí como un mazazo. Las autoridades defienden que la norma solo afectará a “un puñado de infractores” y que las libertades del territorio están garantizadas, pero muchos otros no se fían y creen que derechos como los de expresión o manifestación están en peligro.
Sus sospechas se avivaron el lunes, cuando la policía prohibió por primera vez en 30 años la celebración de la tradicional vigilia por las restricciones existentes por el coronavirus. “Es una decisión irracional. En la ciudad todo funciona con normalidad, incluidos colegios o bares. Echan mano de esta excusa para reprimirnos”, cuenta Lee Cheuk Yan, presidente de la Alianza de Apoyo a los Movimientos Democráticos y Patrióticos de China, grupo organizador de la vigilia y gestor del museo. Sentado entre un estante con un casco agujereado por una bala en 1989 y varios objetos de las protestas del 2019 –parte de la exposición temporal que compara ambos movimientos–, Lee reconoce a La Vanguardi a que, a falta de saber los detalles de la nueva ley, desconoce qué pasará.
Ese sentimiento de incertidumbre también reina entre el resto de opositores. Desde que se anunció la ley, en la ciudad se han disparado las peticiones de información sobre cómo emigrar a otro país. Los manifestantes han borrado material comprometedor de sus redes sociales por miedo a futuras inves-tigaciones. Y en las últimas protestas, la policía ha imposibilitado sus acciones con grandes despliegues y arrestos masivos.
“La situación va a peor”, reconoce un hombre de 40 años apellidado Ho, también de visita en el museo. “La gente está preocupada por su seguridad y por las consecuencias que puede tener la ley. Deberíamos explorar otras vías para exigir nuestras demandas, pero lo veo complicado”. Como él, otros ponen sus esperanzas en las presiones externas sobre China para frenar la ley. Londres ha abierto las puertas para que miles de hongkoneses con pasaporte británico de ultramar puedan acabar en su territorio. Por su parte, Washington retiró el estatus comercial preferencial a Hong Kong, aunque sin anunciar medidas concretas, mientras otros países expresaron su “preocupación” por la situación.
Pero por ahora, nada hace pensar que Pekín vaya a cambiar de planes, incluso a costa de que su economía sufra repercusiones. “El Gobierno central se mantiene muy firme en su trabajo legislativo”, dijo ayer la líder del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, de visita en la capital china.
Este jueves, será el primer 4 de junio en tres décadas en el que parque Victoria no se llene de velas, canciones y flores blancas en memoria de las víctimas de Tiananmen. En su lugar, la Alianza pidió a los ciudadanos que lo conmemoren en casa o en la calle –respetando las normas de distanciamiento– prendiendo una vela y guardando un minuto de silencio. Sobre la convocatoria del próximo año, Lee señaló que será la “prueba de fuego” para ver si la ley acaba con el “un país dos sistemas”.
