En su primera semana como presidente, Donald Trump comenzó a firmar una serie de decretos que recibieron de manera inmediata el respaldo necesario en la Cámara de Representantes para aprobarlos.
Entre los más polémicos está la llamada “enmienda Hyde”, la cual prohibe que Estados Unidos dirija su ayuda externa a cualquier organización no gubernamental que mencione, trabaje o preste servicios de aborto.
Fue el lunes 23 cuando Donald Trump firmó el decreto. Al día siguiente, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó la enmienda Hyde –bautizada así por el representante Henry Hyde– con 238 votos a favor y 183 en contra.
Dos día antes, cientos de miles de mujeres salieron a las calles en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo para enviar un mensaje enérgico a Donald Trump a fin de hacerle saber que no le permitirán aplicar su agenda sin una oposición a ella en los próximos cuatro años.
Ese sábado 21 de enero, las mujeres alzaban carteles con leyendas como “Las mujeres no retrocedemos” y “Menos miedo, más amor”, además de otros que criticaban las posiciones de Trump sobre el aborto, la salud, la diversidad, los derechos de las personas gay y el cambio climático.
Estas críticas no le importaron mucho al nuevo presidente de Estados Unidos, quien firmó la prohibición para financiar a grupos internacionales que realicen abortos o incluso a aquellos que proporcionen información sobre estos.
Balance, una asociación civil que incide en políticas públicas y programas sobre derechos sexuales y reproductivos, explica que esta política trasciende las fronteras de “la guerra en contra del aborto” en Estados Unidos para llevarla a los millones de mujeres que viven en los demás países.
Este decreto no es nada nuevo en Estados Unidos. En 1984, el gobierno de Reagan lo instauró para tratar de controlar la manera en la cual las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Planificación Familiar fuera de Estados Unidos utilizan sus propios fondos, forzándolas a elegir entre dejar de trabajar, promover, proveer y/o defender el derecho de las mujeres e interrumpir un embarazo o perder todos los fondos que obtienen de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) para promover otros servicios de salud sexual y reproductiva.
Es decir que, si las organizaciones tienen financiamiento de USAID para proyectos de Planificación Familiar, y han conseguido recursos de otras fuentes para también trabajar en el tema del aborto como parte de una política integral, ahora serán forzadas a elegir entre continuar recibiendo fondos de USAID, dejando de lado completamente el aborto, o perder esos fondos y con ello arriesgar su sostenibilidad.
Esto sin importar el estatus legal del aborto en su propio país, explica Balance en un comunicado.
Además, la decisión no significa que USAID dejará de apoyar sólo a las organizaciones que relicen abortos. Esas restricciones existen desde décadas atrás y están en el Helms Amendment, que impide, desde 1973, que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero para esos fines.
La nueva política expande los alcances de la de 1984 a todos los fondos enfocados a salud en general. Es decir, que ahora las organizaciones que trabajen para eliminar la malaria, para responder al VIH, para atender la salud de los niños, también deberán obedecer a la enmienda Hyde o no podrán recibir los recursos. Este cambio hará que la nueva versión de la política sea 15 veces más atroz que la de Reagan.
“Esta decisión es una manera de coartar las decisiones y autonomía de miles de mujeres, restringiendo el acceso a otros servicios de salud, así como el acceso a información y servicios de aborto seguro”, afirma Daniela Tejas Miguez, integrante de Balance y asistente de incidencia en el Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA.
La organización internacional Marie Stopes, con presencia en 37 países, también se pronunció en contra y estimó que sin un financiamiento alternativo el impacto en la pérdida de sus servicios durante el mandato de Trump, de 2017 a 2020, podría ser de 6.5 millones de embarazos no deseados; 2.1 millones de abortos inseguros y 21 700 muertes maternas.
Esta medida afectará severamente a las mujeres del mundo en desarrollo, las más propensas a perder la anticoncepción moderna, y repercutirá no solo en su salud sino en sus oportunidades a futuro, y más aún, en el largo plazo, los efectos se verán en la estabilidad de los países más pobres.
Nuevo fondo
La comunidad internacional no tardó mucho en responder a esta nueva política y Holanda anunció un fondo global para ayudar a las mujeres a acceder a servicios de aborto.
El gobierno holandés mantuvo discusiones preliminares sobre la iniciativa con otros miembros de la Unión Europea que respondieron positivamente. También se invitará a gobiernos fuera de la UE, compañías e instituciones sociales.
“Cuando se toman decisiones que son malas para las mujeres en países en desarrollo, debemos ayudarlas”, afirma el portavoz de la cancillería, Herman van Gelderen, que también sabe que “no es sobre la política, es sobre esas mujeres”.
Bélgica se sumó inmediatamente al plan. Su ministro de Comercio Exterior y Desarrollo dijo que esta decisión impactará de manera inmediata “en la vida de millones de niñas y mujeres en naciones en desarrollo”.
Una nueva esperanza
Falta que el aún proyecto de ley sea avalado por el Senado donde necesitará 60 votos, pero afrontará una considerable oposición demócrata, la cual afirma que la nueva iniciativa afectaría injusta y específicamente a mujeres de bajos ingresos.
“Esta iniciativa trata de las mujeres que no pueden pagar un aborto, e impedirles que utilicen dinero de los contribuyentes para que se los efectúen”, dijo el representante demócrata Steve Cohen, de Tennessee.
