POR LUCÍA BURBANO/ BARCELONA, ¿ESPAÑA?
Los acontecimientos se desarrollan a gran velocidad desde que el viernes 27 de octubre el Parlament de Catalunya declarara de forma unilateral “la república catalana como Estado independiente y soberano” y el Senado español respondiera con la aprobación del artículo 155 de la Constitución Española –que toma control de la autonomía– y la convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Mariano Rajoy para el 21 de diciembre. El lunes previo al cierre de esta edición, el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, y cinco de sus consejeros se trasladaron a Bruselas como respuesta a la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, que acusa al presidente autonómico de haber cometido delitos de rebelión, sedición y malversación de recursos públicos, lo que abre aún más interrogantes sobre el devenir político en Catalunya. Es probable que, para cuando leas esto, las cosas ya hayan cambiado de nuevo.
En una conversación que tuvo lugar el lunes 30 de octubre por la mañana, Javier Sánchez Cano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, analizó cuáles son las consecuencias de la toma de control por parte del Gobierno español, la declaración unilateral de independencia y los posibles escenarios que pueden generarse hacia el 21 de diciembre.
- El artículo 155
Algunas medidas incluidas en dicho artículo –nunca antes se había ejecutado en España– implicaron el cese de Carles Puigdemont, de su gobierno y de 150 cargos eventuales de la Generalitat de Catalunya, además de la disolución del Parlament de Catalunya, la interrupción de la actividad de las oficinas del Gobierno en el exterior, menos la de Bruselas, y de las oficinas de presidencia y vicepresidencia.
“Dichos cargos no se sustituyen por otras personas, sino que de forma transitoria y hasta que tengan lugar las elecciones autonómicas, los ministerios españoles asumen las funciones de las consejerías catalanas, con la figura de Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales del gobierno español) como conductora de los asuntos más generales en relación a la aplicación de 155 en Catalunya”, aclara Sánchez Cano.
Hasta la convocatoria de elecciones, el experto prevé “una cierta continuidad y una actividad de mínimos” en la gestión de la autonomía, y evalúa como positiva la no intervención de los medios de comunicación públicos de Catalunya, “una decisión consensuada a través del diálogo con el Partido Socialista en el Senado”, porque era un movimiento que muchas personas temían, ya que podría definir el tono electoral por parte del Gobierno de España. El politólogo no descarta una cierta resistencia civil organizada hasta que se celebren los comicios, aunque al día de hoy esta opción parece diluirse.
- Declaración Unilateral de Independencia (DUI)
“Actualmente, conviven dos mundos que son muy opuestos. Uno es el de la República Catalana independiente y otro el de la intervención por parte del gobierno del Estado. Estos dos mundos funcionan al mismo tiempo, pero en estos momentos tenemos que reconocer que tiene mucha más eficacia el de la autonomía intervenida porque es una legalidad a la que están sujetos políticos, funcionarios y diputados, mientras que la realidad de la república tienes que crearla y no dispone al día de hoy de unos instrumentos legales comparables”, evalúa Cano.
Este mismo politólogo recuerda que el día antes de la proclamación de la república, Carles Puigdemont valoró convocar elecciones y renunciar a la hoja de ruta de la DUI. “Los últimos momentos del pacto interno entre Junts pel Sí –formado por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y organizaciones civiles independentistas– fueron muy tensos y la relación entre los líderes de los dos partidos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, se había desgastado debido a las tensiones inherentes al pacto”, afirma.
El experto subraya las dificultades de una república catalana “mucho menos sólida”, sin un parlamento donde debatir y aprobar leyes ni una sede donde reunirse. Además, tampoco existían unas estructuras de Estado y una capacidad política y organizativa propias de una república independiente que fueran operativas de un día para otro. “Se podía proclamar la república como acto simbólico, pero parece claro que la república como unidad política y con plena capacidad no estaba lista”, continúa.
- Elecciones en diciembre
El doctor apunta que la maniobra de Rajoy de convocar a elecciones tan rápidamente pone fecha de caducidad a la intervención del estado. Por otro lado, es un movimiento táctico muy interesante “porque ha cogido a todo el movimiento independentista con el paso cambiado”. Falta saber si la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), socio del Gobierno catalán, y ERC se presentan a unas elecciones convocadas, no por el presidente de la Generalitat sino por el presidente español, y quien será el candidato del PDeCAT, ya que Puigdemont ha confirmado que no se presentará. “Esto tiene implicaciones porque hay sectores dentro del partido que son más moderados y otros más radicales, por lo que no es del todo descartable que haya una escisión”, estima. Del lado constitucionalista –formado por el Partido Popular (PP), el Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) y Ciutadans-Ciudadanos– Inés Arrimadas, cabeza de la oposición del parlamento disuelto y líder de este último partido, propuso que concurrieran todos bajo un mismo paraguas, algo que han descartado tanto el PP como el PSC.
“Lo que está claro es que las fuerzas independentistas pueden correr el riesgo de la marginalidad política si no se presentan”, analiza Sánchez Cano. En estos momentos, no parece que pueda haber una revolución que cambie las cosas de aquí a diciembre, ya que tal y como indica una encuesta publicada recientemente por el Periódico de Catalunya, el resultado de los comicios sería prácticamente calcado de las elecciones celebradas en 2015.
Si se repitiera el reparto de fuerzas, el experto cree que el diálogo político deberá tener lugar porque no existiría una mayoría determinante para avanzar de forma clara hacia uno u otro lado. “No se podría negar el problema del autogobierno de Catalunya y su encaje constitucional con España, ni avanzar de forma muy decidida hacia la independencia porque faltaría aún base social”, afirma.
- Fuga de capitales
Desde el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum de autodeterminación, aproximadamente 1 800 empresas han abandonado Catalunya, entre ellas seis de las siete que cotizan en el Ibex (el índice bursátil de referencia de la bolsa española). “Debemos tener en cuenta que la agenda independentista estaba planteada en positivo. La hoja de ruta hacia este nuevo país no contenía una descripción estricta sobre lo que costaría llegar. Ha habido una cierta asunción colectiva de que Catalunya va ser un país rico y ejemplar, que los otros países nos iban a reconocer y que no habría ninguna empresa que iba a salir de Catalunya”, explica.
“Partiendo de esta hipótesis, el hecho de que empezasen a marcharse empresas por pura inseguridad jurídica es algo que nos sorprende, porque no se había dicho, ni las propias empresas lo habían anunciado”, agrega. “Esto está causando mucha inquietud en los ciudadanos porque no estaba previsto, aunque posiblemente no tenga un gran impacto desde el punto de vista laboral o económico”. Según el politólogo, esta desbandada destapa que una independencia low cost conlleva problemas y riesgos totalmente inherentes a este proceso si no se organiza de una forma pactada con el Gobierno o con el país del cual te quieres independizar.
Por último, un eventual apoyo internacional a la DUI siempre iba a ser un asunto espinoso. “Difícilmente pueden los Estados enfrentarse a otro Estado soberano y meterse dentro de su jurisdicción, su norma constitucional y sus asuntos internos para reconocer una secesión”, elabora. De acuerdo con el experto, los independentistas buscaban estos apoyos sobre todo con el objetivo de obtener más visibilidad y músculo en la negociación con España.
Paso a paso
1 de octubre
Se celebra el referéndum de autodeterminación de Catalunya con una participación del 42.35 %. El SÍ resulta ganador con el 90.09 por ciento.
10 de octubre
Carles Puigdemont declara la independencia de Cataluña pero propone dejarla en suspenso.
11 de octubre
Mariano Rajoy da cinco días a Puigdemont a fin de que manifieste si declaró o no la independencia unilateral en Catalunya.
16 de octubre
En su respuesta a Rajoy, Puigdemont no aclara si decretó la independencia.
21 de octubre
El Gobierno acuerda una aplicación dura y extensiva del artículo 155 de la Constitución.
26 de octubre
Puigdemont reúne en la Generalitat al grupo parlamentario de Junts pel Sí y le anuncia que convocará elecciones. Al final da marcha atrás pues no había conseguido «suficientes garantías» de la no aplicación del 155 por parte del Gobierno.
27 de octubre
A las 15:27 horas, tras una votación secreta, se proclama la independencia de Catalunya por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco.
A las 16:11 horas, el Senado da vía libre al Gobierno para aplicar el artículo 155.
30 de octubre
Carles Puigdemont y cinco de sus consejeros se trasladan a Bruselas como respuesta a la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, que acusa al presidente autonómico de haber cometido delitos de rebelión, sedición y malversación de recursos públicos.
