Nueve de cada 10 mexicanos desconfían de los partidos políticos, 83 por ciento no le cree a los legisladores y ocho de cada 10 personas que viven es este país no creen en las instituciones del sistema judicial, según datos del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Mexicana.
Estas cifras son solo el reflejo de la actuación de las autoridades, y es que en los últimos seis años la PGR ha investigado a 506 funcionarios por peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, extorsión, fraude, falsificación de documentos, delitos contra la administración de la justicia, entre otros ilícitos, pero hasta ahora solo hay 30 de ellos en prisión.
Las investigaciones a los 506 funcionarios se agrupan en 244 averiguaciones previas, pero solo se han librado 65 órdenes de aprehensión y se han obtenido 30 autos de formal prisión. Es decir, la efectividad de la PGR para la investigación y combate de estos delitos es de 5.91 por ciento en seis años.
La autoridad federal actualmente busca a dos gobernadores acusados de corrupción: Guillermo Padrés Elías de Sonora y Javier Duarte de Veracruz. Ellos y los funcionarios implicados no están considerado en este reporte.
Para la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el problema es que en nuestro país el sistema está hecho para que los funcionarios encuentren argucias legales a fin de escapar de un castigo por asuntos vinculados con la corrupción.
Los funcionarios públicos usan figuras “legaloides” para defenderse en caso de ser descubiertos en algún ilícito.
“No hay un sistema de castigos dentro del Gobierno para sus propios funcionarios. Es muy difícil que a pesar de tener denuncias, elementos claros, poder conformar un expediente sólido para que alguien pueda tener un castigo a partir de delitos que se cometen”, afirma la investigadora Miriam Castillo, de MCCI.
En materia administrativa es todavía más bajo el nivel de efectividad para sancionar a los funcionarios. Se han impuesto cerca de 9 mil multas por más de 34 mil millones de pesos y solamente se han cobrado 54 millones de pesos de esas multas.
De 2006 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene un porcentaje de castigo o de efectividad en contra de los funcionarios de 0.16 por ciento.
A pesar de esta convivencia con la corrupción, los mexicanos nos sentimos honestos. El informe refiere que 43 % de los mexicanos cree que sus familiares nunca son corruptos, un 38 % cree que sus vecinos nunca son corruptos y 20 % cree que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos.
Julio Ramírez / Reporte Índigo
