El 8 de noviembre, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, se distribuyó una serie de panfletos donde se etiquetó como “enemigos del pueblo” al coordinador general del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Antonio Lara Duque, así como al señor Sergio Velázquez Morales, habitante de la comunidad.
Al respecto, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades federales y del Estado de México para que implementen medidas inmediatas de protección a favor de ambas personas, que desde 2013 luchan para garantizar el acceso al agua en el municipio.
Coyotepec, junto con Chalco y Tecámac, cuenta con un sistema comunitario de administración del agua. Desde 2013 se tienen reportes de diversos ataques contra los habitantes que defienden el derecho a un acceso justo al agua y que se oponen a que las autoridades locales tengan el control del suministro del vital líquido.
El 1 de julio de 2013, Alberto Cruz Luna, un activista de la comunidad, murió tras recibir varios impactos de bala. Dos meses después, otro activista fue apuñalado y recibió amenazas vía telefónica.
Ahora parece que las intimidaciones continúan. En los panfletos repartidos por toda la comunidad se les acusa a los dos activistas de entregar la “administración del agua potable al municipio” a través de “malos manejos”; sin embargo, Amnistía denuncia que estos ataques podrían ser una represalia en su lucha por el manejo autónomo y ciudadano del sistema de administración de agua.
“La seguridad e integridad física de Antonio Lara Duque, así como la del defensor Sergio Velázquez Morales, podrían estar en riesgo. Es crucial que las autoridades promuevan un ambiente seguro para las y los defensores de derechos humanos, garantizando que estas campañas de desprestigio promovidas por particulares dejen de existir”, dijo Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
