México, 4 Feb (Notimex).- El pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitó a la secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, un informe pormenorizado sobre el estado del sistema penitenciario local, y las acciones de resocialización de la población interna.
El punto de acuerdo aprobado, considerado de urgente y obvia resolución, fue presentado por la morenista, Guadalupe Chavira de la Rosa, quien pidió el reporte luego de la fuga de tres reos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el 29 de enero.
De la Rosa aseguró ante la plenaria que la corrupción, el uso de celulares para incurrir en la comisión del delito de extorsión, el consumo de drogas, el cobro de cuotas a familiares de internos, la sobrepoblación y el hacinamiento, son las principales prácticas cotidianas en los centros de reclusión capitalinos.
Resaltó que también se manifiesta una falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención, en caso de detección, así como una insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
La representante popular indicó que con base en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cárceles capitalinas presentan deficientes condiciones materiales y de higiene de instalaciones para alojar a los reos.
Además, señaló que en materia de reinserción social del interno, hay una inadecuada vinculación con la sociedad, es insuficiente la atención a personas con discapacidad, la población LGBTTTI, y quienes viven con VIH/SIDA, sin contar que son insuficientes las acciones y programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Además, Chavira de la Rosa informó que la entonces Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal registró tres mil 665 quejas. En 2018, de las cuales tres mil 627 fueron determinadas como presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
En el Informe Anual 2018, se detalló que personal de esa entidad investigó presuntas violaciones por la negativa, restricción u obstaculización de la visita familiar, así como a los derechos de la niñez y de adolescentes que cumplen internamiento.
Chavira de la Rosa señaló que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Gobierno, informó que en los 13 centros penitenciarios se contabilizó (hasta el 31 de diciembre), una población de 24 mil 702 internos, de ellos 23 mil 409 son hombres y mil 293 mujeres.
Del universo total, 21 mil 977 enfrentan procesos del fuero común y dos mil 725 del fuero federal, mientras que cuatro mil 990 son procesados y 19 mil 712 personas privadas de su libertad corresponden a sentenciados, añadió.
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