México es un país peligroso para las personas defensoras de los derechos ambientales y esta situación queda evidenciada por las cifras sobre los ataques y agresiones de las que son víctimas tanto las personas defensoras como diversas comunidades campesinas y/o indígenas, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó un informe que abarca de junio de 2015 a junio de 2016, en él registró 63 ataques a 139 personas, 10 organizaciones y 20 comunidades campesinas y/o indígenas que defienden el agua, aire, tierra, flora y fauna en nuestro país.
El Estado de México, Sonora y Oaxaca encabezan la lista de las agresiones. En Sonora se han detonado conflictos socio-ambientales por el agua, la tierra y el territorio, al igual que en el Estado de México; mientras que en Oaxaca existen diferentes megaproyectos eólicos que han causado la oposición social, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se han registrado diversos ataques.
Amenazas, intimidación, criminalización y agresiones físicas fueron los principales ataques asestados, en su mayoría, por autoridades del propio gobierno.
De acuerdo con el informe, 43 % de los ataques proviene de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; sin embargo, el 31 % de los agresores no fue identificado, mientras que el 14 % de las agresiones fue cometido por particulares; el 7 % por parte del personal de las empresas; 3 % por la gente de la misma comunidad y 2 % por grupos del crimen organizado.
