La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana el primer caso contra México relacionado con desapariciones forzadas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que inició en el mandato de Felipe Calderón.
Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes desaparecieron el 29 de diciembre del 2009 luego de ser detenidos por militares en el estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, en los años más cruentos de la lucha contra el narcotráfico.
“Los hechos del caso constituyen un ejemplo de los factores que contribuyen a que esta grave violación de derechos humanos tenga lugar en dicho contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción”, señala la CIDH.
Las tres personas fueron detenidas en un poblado de Chihuahua, donde los militares buscaban a quienes habían asesinado días atrás a agentes federales en medio de pugnas entre los cárteles de la droga de Juárez y de Sinaloa. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
La Comisión Interamericana remitió el caso a la Corte porque considera que México no cumplió con sus recomendaciones, como realizar una investigación imparcial de los hechos y sancionar a los responsables.
Los militares mexicanos, así como efectivos de la Marina, acumulan acusaciones de violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones principalmente desde 2007, cuando Calderón comenzó a sacarlos a las calles para combatir a los violentos cárteles del narcotráfico.
Reuters
Sin apoyo para el retorno
Pese a la promesa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a miles de mexicanos que se encuentran en ese país de manera ilegal, los cuatro principales estados expulsores de mano de obra en México no han anunciado ningún plan de contingencia para atender la inminente llegada masiva de connacionales.
Julio Martínez, representante en el Estado de México del Club de Migrantes Mexicanos en Minnesota, busca entablar un diálogo con las autoridades estatales a fin de que se concrete el Plan Emergente que anunció el gobernador Eruviel Ávila.
En Zacatecas, Lucio Ornelas, del Club de Migrantes Latinos en Los Ángeles, dice que no han anunciado ningún tipo de apoyo especial en caso de que se genere una deportación masiva de trabajadores mexicanos. Solo se “da difusión a los programas institucionales con los que los gobiernos estatales han trabajado en los últimos años”, dijo.
José Luis Rodríguez, migrante de Pénjamo asentado en Chicago y miembro de la agrupación Comunidad Guanajuatense en el Exterior, estimó que el Gobierno de su estado también se ha limitado a difundir los programas asistenciales de siempre para los migrantes.
“Pero no se ha anunciado ningún programa que le dé tranquilidad a los paisanos posibles a la deportación”, refirió.
El único estado exento de indiferencia parece ser Michoacán. De acuerdo con el director de Vinculación Binacional de la Secretaria del Migrante, Carlos Alberto Gamiño, el Gobierno estatal ha destinado un fondo de más de 26 millones de pesos para apoyar económicamente a los migrantes que sean repatriados.
Jesús Lemus / Reporte Índigo
