En las últimas semanas, se debatió en algunos sectores si la educación sexual para niños, niñas y adolescentes en México debe estar en manos de los padres y madres de familia o en las del sistema educativo del Estado.
Tras una solicitud de revisión de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esa discusión terminó con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que se trata de un derecho constitucional que las y los pequeños reciban educación sobre sexualidad en sus escuelas y que eso no compite con la educación que los padres y madres les den en casa.
Escrito en la ley
En el artículo 50 de esa ley, se establece que los infantes tienen derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud y que las autoridades federales y locales deben garantizarlo.
Entre otras cosas, la ley obliga a las autoridades a desarrollar la atención sanitaria preventiva en materia de servicios de salud sexual y reproductiva para niños, niñas y adolescentes, además de brindar orientación a padres y tutores.
El mismo apartado indica que el Gobierno deberá atender de manera especial el VIH, sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) e impulsar programas de prevención e información sobre estas, además de proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva.
Además, en su artículo 58, la ley establece que se debe promover la educación sexual integral en niños, niñas y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que les permitan ejercer de manera informada y responsable sus derechos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de las leyes y tratados internacionales firmados por México.
Familias en contra
Aunque esta ley se publicó el 4 de diciembre de 2014, en los primeros días de noviembre de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió si el Estado debía garantizar o no la educación sexual a menores de edad, así como manejar la información sobre métodos anticonceptivos y orientación sobre salud sexual y reproductiva.
Esto debido a que la Corte recibió la solicitud de un amparo por parte una ciudadana de Aguascalientes, llamada Rosario Becerril Alba, que impugnó varios artículos de esa ley.
“Implícitamente discriminan a los padres de su función, respecto de la guía y enseñanza a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, y explícitamente en cuanto discriminan al niño o adolescente varón por su simple sexo, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes mujeres”, fueron los argumentos de la impugnación presentada.
Tras discutirlo, la Corte estableció que lo señalado en la ley es constitucional y negó el amparo con argumentos como que dicha ley no obliga a los menores a recibir o utilizar anticonceptivos contra su voluntad, sino que garantiza el acceso del menor a estos.
Asimismo, los ministros concluyeron que esta ley asegura una educación sexual de calidad a niños, niñas y adolescentes, además de que previene situaciones de vulnerabilidad por cuestión de género o preferencia sexual.
Libros polémicos
La discusión sobre si los temas de educación sexual deben estar en manos de la escuela o de los padres de familia es añeja, ya que prácticamente se remonta a 1974, cuando los Libros de Texto Gratuitos incluyeron en sus páginas esos contenidos.
También en las primeras semanas de noviembre de 2016, la Unión Nacional de Padres de Familia retomó este tema y pidió que los libros de texto no sean únicos en todas las escuelas, especialmente en los contenidos relacionados con sexualidad, ya que no están de acuerdo en la manera en la que dichos temas son tratados.
Esta organización propuso que haya varias versiones de estos libros y que los padres escojan el que se adapte a sus necesidades, ya que ellos tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos en materia de valores humanos y responsabilidad.
Previamente, circularon en las redes sociales algunas imágenes que supuestamente correspondían a contenidos de los nuevos Libros de Texto Gratuitos en donde se trataba el tema de la sexualidad de una manera que escandalizó a ciertos sectores; sin embargo, más tarde se señaló que aquellas eran fotografías que correspondían a materiales didácticos utilizados en España.
Información vs. riesgo
A pesar de que la ley establece que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, Ivonne Acuña, especialista en temas de género y sistema político mexicano de la Universidad Iberoamericana, dice que hoy todavía es difícil hablar sobre temas de sexualidad en las aulas.
“La educación sexual en las escuelas siempre se ve limitada por la resistencia de los padres”, subraya la académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
“Sin embargo, es una idea equivocada querer proteger a los niños y niñas negándoles la información porque, al contrario, eso los vuelve vulnerables”.
Es su derecho
Sobre los contenidos en los programas educativos y libros de texto, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aclara que, actualmente, estos son diseñados de acuerdo con cada grado escolar, por lo que es un error pensar que se le da a los estudiantes información que no va de acuerdo con su grado escolar.
Propone que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública trabajen de manera conjunta para orientar a los padres y madres, así como a las y los profesores sobre temas de sexualidad y así sean capaces de transmitir información correcta a los niños, niñas y adolescentes.
“Nuestra cultura occidental tiene la noción de que los niños son propiedad de la familia, como el coche o los muebles, y que los adultos deciden todo sobre la vida de ellos, por lo que suelen ser tratados como objetos y no como sujetos”, indica.
Ante esto, Pérez García afirma que los niños deben tener plenos derechos, entre ellos a informarse sobre temas como su sexualidad.
“Los niños y las niñas son personas completas con derechos completos, pero hoy suelen ser tratados de manera desigual, porque los adultos son los que deciden por ellos y quienes tienen la última palabra”, reitera.
Además de la ley mencionada, México firmó hace 27 años la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se establece su condición especial de seres humanos quienes, por no haber alcanzado pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial.
