El martes pasado, el Senado de la República comenzó la discusión de la Ley de Seguridad Interior que pretende “ regular la integración, organización, funcionamiento y control de las autoridades encargadas de esta, con la finalidad de dar certeza jurídica a la labor de las Fuerzas Armadas y seguridad a los ciudadanos”.
Organizaciones sociales como Fundar, Centro de Análisis e Investigación y México Unido contra la Delincuencia, acusaron que de aprobarse dicha legislación sin perspectiva de derechos humanos, sería una amenaza para el Estado de Derecho.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en 2009 que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, lo cual acarrea funestas consecuencias para los derechos humanos, una vez que Venezuela optó por ese marco jurídico.
De acuerdo con la agenda legislativa, el próximo martes legisladores se reunirán en la Cámara de Diputados a fin de analizar las propuestas presentadas por PRI, PAN y PRD.
Según el plan de trabajo, el Ejército también acudirá a la Cámara de Diputados para expresar su opinión sobre el dictamen.
Las organizaciones piden finalmente que las discusiones se realicen en un formato abierto e incluyan todas las perspectivas, incluidas las que señalan los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.
