La iniciativa de cobrar impuestos a las empresas de servicios digitales pretende dejar atrás el escenario de vacío legal, para alcanzar una equidad competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales, consideró The Competitive Intelligence Unit.
De acuerdo con la consultora, su operación en México, como en el mundo, aún no ha adecuado sus obligaciones tributarias y normativas con las del resto de sus competidores nacionales, por lo existe un escenario de competencia desleal e inequitativa para los productores y empresas de contenidos, circunstancia que menoscaba el desarrollo de la industria mexicana.
“Se han promovido recientes iniciativas parlamentarias y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que pretenden dejar atrás el escenario de vacío legal y laxitud normativa, para alcanzar una equidad competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales. Ello a partir, no de la creación de impuestos especiales o nuevos gravámenes, sino de la simple aplicación del IVA”.
Para la firma, el hecho implicaría una recuperación de recursos del erario público de tres mil 600 millones de pesos al año, que podrían destinarse a programas para la conectividad universal, monto que equivaldría a casi seis veces lo asignado al programa “Internet para todos” en 2019.
“Es momento de que dejemos el retraso fiscal para el mundo digital de siete años y el país se sume a la lista de naciones que han dedicado esfuerzos para encontrar un balance competitivo para la innovación, incentivos a la inversión y desarrollo de la industria nacional de contenidos audiovisuales”.
The CIU precisó que la oferta de plataformas y vías de acceso a contenidos audiovisuales se expande de manera acelerada y resulta en una creciente competencia por atracción y captura de audiencias.
De hecho, expuso, la creciente competencia por atracción y captura de audiencias se ha traducido en que la contratación en hogares de plataformas Over The Top (OTT por sus siglas en inglés) pasó de 1.6 por ciento del total, en 2011, a 24.8 por ciento en 2018.
“Son precisamente los jugadores del extranjero los que se han beneficiado de un marco fiscal y regulatorio que aún no considera su operación”, señaló.