La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó el análisis de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.
La previsión que permitía el uso de la fuerza pública como un primer recurso fue declarada inconstitucional; sin embargo, no hubo mayoría suficiente para anular otros artículos que todavía son “violatorios de las normas internacionales de derechos humanos”, declaró el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Tras esta decisión, el organismo internacional hizo un llamado al Congreso local a que adecue la legislación con la finalidad de dar certeza sobre el “marco legal para el ejercicio de una de las atribuciones del Estado con mayor potencial para violar derechos humanos cuando no se realiza adecuadamente, como es el uso de la fuerza pública”.