Investigadores de diversas instituciones de todo el país e internacionales, como el Colegio de México, Stanford University, University of Cambridge, se manifestaron para exigir un Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) autónomo luego de que el presidente de la República solicitó al Senado que ratifique a Paloma Merodio Gómez, actual directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, para ocupar un lugar en la Junta de Gobierno.
Esta manifestación se suma a una serie de pronunciamientos e incluso a una petición en la plataforma Change.org para evitar este nombramiento por las graves consecuencias económicas y sociales que tendría para el país.
“Nos parece que darle el encargo de supervisar la generación de datos relevantes para la medición de la pobreza, por ejemplo, a quien antes tuvo como cargo el combate a la misma no abona a la consolidación del Inegi como el órgano autónomo que necesitamos”, afirman más de 80 académicos.
También aseveran que la calidad de estudios académicos, así como sus implicaciones para el diseño de políticas públicas, “depende en buena medida de la calidad de los datos que el Inegi pone al alcance de los investigadores. Mientras más rigurosa y confiable sea la producción de contenido en el Inegi, más rigurosas y sólidas serán las conclusiones derivadas de estos estudios”.
El Inegi es una institución confiable, afirman, y como tal, es preciso garantizar el respeto irrestricto a las normas que lo rigen –por las cuales se pide que sus cargos directivos tengan la experiencia y habilidades necesarias–, así como que sus dirigentes cuenten con perfiles políticamente autónomos.