¿Ayudaría la ampliación del derecho de portación legal de armas de fuego para la legítima defensa a combatir la seguridad y la violencia en México?
Los principales actores del país creen que no, pero un senador de la República y la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) A. C. están convencidos de que si los mexicanos portaran armas en su vehículo o negocio inhibirían a los delincuentes.
En México, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se cometen en promedio, en forma mensual, mil 400 asesinatos, 80 secuestros y casi 4 mil robos de vehículos con lujo de violencia.
En la mayoría de ellos la víctima no tiene la posibilidad de defenderse con algún tipo de arma.
Por esa razón, el senador por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 10 constitucional, a fin de que la ley faculte a todos los ciudadanos para poseer armas de fuego más allá de su domicilio, incluso en vehículos y negocios.
La iniciativa del legislador fue presentada a la par del posicionamiento de la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) A. C., que pide modificar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de que se permita la portación de armas a todos los ciudadanos.
Para Luis Antonio Merino González, presidente de la AMR A.C., “el Estado mexicano ha fallado en su papel de resguardar la seguridad de los ciudadanos, por lo que ahora toca a la gente velar por su propia seguridad”, sin llegar al extremo de suplir a la policía, pues solo se trata, dijo, “de coadyuvar en la seguridad pública”.
Pero la propuesta de la AMR A.C. y la iniciativa del legislador, no tienen el respaldo de todos los sectores de la sociedad. Existe oposición desde el interior de la Cámara de Diputados, de los representantes de la Iglesia católica, y juristas consideran que esa no es la vía para erradicar la violencia.
Desde que el Senado de la República autorizó, el 9 de abril del 2015, a los funcionarios públicos extranjeros a portar armas en nuestro país, la Iglesia católica manifestó su rechazo a través de un editorial en el semanario Desde la Fe, órgano oficial de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México.
pocas licencias
A nuestro país, de acuerdo con la organización no gubernamental Desarma México, ingresan en forma mensual e ilegal un promedio de 20 mil armas, desde pistolas calibre nueve milímetros hasta lanzacohetes, que se comercializan en el mercado negro y su principal destino son los grupos de la delincuencia organizada.
A decir del abogado Luis Soriano, especialista en temas de seguridad nacional, la principal causa del ingreso desmedido de armas a nuestro país se debe a las leyes laxas de Estados Unidos, “que de alguna manera posibilitan el tráfico de armas al cada vez más creciente mercado, aunque ilegal, que se presenta en México”.
Estados Unidos, dice el especialista, de alguna manera es el principal responsable de la gran cantidad de armas en México, de las cuales se estima que podrían haber ingresado a nuestro país 2 millones 500 mil en los últimos 10 años.
“Chifladura”
Para el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Morín, autor de La maña (Grijalbo 2015), la propuesta resulta “más que una ocurrencia, una chifladura”.
“En ninguna parte del mundo se ha demostrado que los índices de violencia hayan disminuido con la portación de armas por parte de los civiles”, asegura.
Estima que, al permitir la portación amplia de armas de fuego, los índices de homicidios podrían ir al alza, “considerando el estado exacerbado y de frustración en el que viven miles de mexicanos”, por lo que considera como inviable la posibilidad de que se reduzca la delincuencia al armar a la ciudadanía.
Propuesta huérfana
La iniciativa del senador Jorge Luis Preciado no ha prosperado entre los diversos grupos parlamentarios del Senado ni de la Cámara de Diputados.
La propia coordinación parlamentaria del PAN en la Cámara Alta, encabezada por Fernando Herrera Ávila, rechazó que la iniciativa fuera de ese grupo parlamentario; explicó que se trata de una que a título personal ha presentado el legislador, pero que no representa una posición de los legisladores del PAN.
El senador Herrera Ávila asegura que no “empata” con la postura de Jorge Luis Preciado, toda vez que es obligación del Estado Mexicano garantizar la seguridad de todos, por lo que desestima que la propuesta tenga el respaldo de la bancada de Acción Nacional.
Para los mexicanos no es una opción armarse, pues el coordinador estima que, en otras sociedades, como la norteamericana, ha provocado hechos desastrosos a partir de atentados contra grupos sociales en escuelas, iglesias y centros comerciales, donde los policías llegan a ejecutar a personas ante el temor de que se encuentren armadas.
El mismo ánimo de la duda se mueve en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Jorge Ramos Hernández.
