Bonfilio nació en Tlatzala, Guerrero, una comunidad a media hora de Tlapa de Comonfort, en la región de la Montaña. Sus poco más de 1 300 habitantes deben acarrear agua porque carecen de tubería que les brinde el servicio. En toda la localidad hay 259 casas, algunas todavía son chozas, otras más ya son de cemento, pero solo dos de ellas tienen una computadora.
Es el menor de cinco hermanos indígenas nahuas y responsable de mantener a sus padres. A los 21 años viajó a Nueva York donde trabajó como ayudante de cocina en un restaurante y regresó a México seis años después para probar suerte en la capital del país. Abrió una pollería, sin embargo al poco tiempo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la clausuró.
Bonfilio solo piensa en regresar a Manhattan pero antes de migrar debe ver a sus padres que habitan una casa en obra negra, la misma que comenzaron a construir cuando él les mandaba efectivo desde Estados Unidos.
Ya en Tlatzala, se despide de sus padres con la promesa de enviar dinero para acabar la casa. Con la bendición de sus padres, una bolsa de plástico con dos kilos de frijoles y 200 pesos emprendió su camino. Viaja a Tlapa a fin de tomar un camión con rumbo a la Ciudad de México, donde se encontraría con el coyote encargado de cruzarlo a Estados Unidos, cita a la que nunca llegó.
PASAJERO 22
A las 21:20 horas, Bonfilio, a bordo del autobús 6148 de la línea Sur, comienza su travesía. Una hora después, un retén militar detiene al camión en el cruce de Santa Cruz. La oscuridad del terreno apenas dejaba entrever que los soldados estaban en posición de ataque.
Los 40 pasajeros bajan del camión. Todos son revisados y minutos después comienzan a subir uno por uno, hasta que un soldado se percata de que el indígena na savi Fausto Saavedra Valera llevaba unas botas tipo militar. Los soldados lo retienen y ordenan que el chofer siga su ruta, pero no lo hace. Las reglas de la línea de autobuses le prohíben avanzar si no están todos sus pasajeros a bordo. Tras una acalorada discusión el chofer cede y Fausto se queda detenido. Los militares solo dejaron un papel firmado con la leyenda: “Retén militar pasajero 22”.
Enfurecido, el chofer cierra la puerta y arranca. Los militares responden con una ráfaga de fuego. Al menos cinco disparos impactaron en el camión –hay quienes aseguran que fueron más de 10 detonaciones las que se escucharon. Asustados, los pasajeros presionan al chofer para que no se detenga. Buscan evitar una tragedia. Es hasta la parada de Huamuxtitlán que frena el autobús y descubren que una bala alcanzó su destino.
Bonfilio Rubio Villegas era el pasajero que iba sentado en los asientos de atrás y que recibió un impacto en el cuello. Murió al instante.
Han pasado siete años y medio desde aquella noche del 20 de julio de 2009. El caso fue procesado primero por un juzgado civil de tipo federal, dos años después fue remitido a instancias castrenses, pero Secundino y José Rubio, padre y hermano de Bonifilio, respectivamente, presentaron una demanda de amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) impugnara el amparo.
El máximo órgano de justicia dio una resolución histórica en 2012: declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar y el caso fue turnado a un juez de distrito con sede en el estado de Guerrero. Pero el 16 de diciembre de 2014, el juez exoneró al único militar que había sido procesado por el asesinato de Bonfilio porque no pudo acreditar su plena responsabilidad. Nunca se hizo una nueva investigación independiente e imparcial a la realizada por los elementos castrenses.
Siete años después del asesinato, y una vez agotadas todas las instancias nacionales para conseguir justicia, en enero pasado, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, junto con la familia Rubio Villegas, presentaron una petición contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones cometidas al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares.
Las organizaciones son el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) junto con el Robert F. Kennedy Human Rights.
OSCURO RÉCORD
Desde 2013, México encabeza la lista de países del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH) que más peticiones ha enviado a la CIDH. Dos años antes, Colombia, un país que está en conflicto armado desde 1958 y que hasta 2012 había dejado al menos 220 000 muertos, ocupaba este sitio.
Tan solo en 2015, México envió 2 539 peticiones pendientes de estudio inicial, mientras que Colombia presentó 1 888. En ese mismo año, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) admitió cinco casos donde mexicanos denuncian detenciones ilegales, tortura, procesos judiciales en los cuales no se respetó el debido proceso, secuestro, desaparición, y violación al derecho a la propiedad colectiva.
La alta demanda de peticiones a la CIDH se debe a que en México no se generan condiciones para que las denuncias “se atiendan en casa”, opina Emilio Álvarez Icaza, quien fungió como Secretario Ejecutivo de la CIDH en el periodo de agosto de 2012 a 2016.
Pero lo más preocupante, relata, es que no se logran resolver los casos de violaciones cuando México es el país con la mayor inversión al sistema de comisiones de derechos humanos del continente.
El país cuenta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 32 organismos estatales. En 2011 el presupuesto para todo el sistema mexicano era de aproximadamente 2 000 millones de pesos, mientras que el Sistema Interamericano, con contribuciones voluntarias, alcanzaba apenas 151 millones de pesos.
La CIDH depende mucho de las aportaciones voluntarias. En 2016, presentó una crisis financiera que llevaría a la suspensión de audiencias y el despido de 40 % de su personal. Tras el anuncio, diversos gobiernos aportaron. México ofreció 50 000 dólares, equivalente a poco más de un millón de pesos.
Ese mismo año, legisladores de la Cámara de Diputados se beneficiaron con dos tajadas de 129.6 millones de pesos en total, una como bono navideño y otra más para gastos de fin de año.
Por ello, Álvarez Icaza les recuerda a las autoridades para qué existen instancias como la CIDH: “Son mecanismos de ampliación de garantías y protección de los derechos humanos, de fortalecimiento a la democracia. Si al centro pones a las personas, en cualquier gobierno, la consecuencia lógica es protegerlas, pero si lo que más te interesa es la burocracia, sus bonos y privilegios, entonces no habrá dinero para las instancias internacionales de derechos humanos”.
Las instancias de procuración de justicia del país tampoco resultan eficientes. Casos de violaciones graves a derechos humanos perpetuados por servidores públicos, fuerzas armadas, funcionarios de gobiernos estatales y municipales así como otros agentes de gobierno no se atienden debidamente y comienzan a escalar hasta llegar a niveles internacionales.
La omisión también es una forma de violación a los derechos humanos.
“Cuando los sujetos activos de la violación o del delito son narcos o delincuentes, incluso muchos de ellos coludidos con los gobiernos y no hay respuesta de la justicia, el Estado incurre en una violación de derechos humanos por dejar de hacer”, afirma Álvarez Icaza.
Si hay una denuncia por amenazas y el Estado no te protege ni investiga y puede llegar a cumplirse hasta que te matan. “Es una cadena de violaciones. Un fenómeno muy dramático de violaciones por hacer y por dejar de hacer. Se junta un abuso de autoridad con impunidad y ese cóctel pone a México en uno de los países más denunciados”.
MEDIACIÓN INTERNACIONAL
Durante los periodos de sesiones de la CIDH se realizan audiencias de diversa naturaleza. Su objetivo es recibir información de alguna petición, seguimiento a recomendaciones, medidas cautelares.
También hace audiencias temáticas solicitadas por organizaciones de la sociedad civil, personas e incluso por los propios Estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
Estas audiencias han generado espacios de diálogo con el Gobierno que no existen en el país. A nivel continental, el también ex ombudsman de la Ciudad de México opina que es el único y por ende, el foro más importante, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil constantemente buscan un diálogo con las autoridades.
NADA REPARA EL DAÑO
La familia de Bonfilio Rubio Villegas no ha descansado un solo día en búsqueda de justicia. Incluso en el proceso recibió visitas donde pretendían obligarla a recibir 160 000 pesos como parte de los gastos funerarios, pero algo tienen claro los Rubio Villegas: Bonfilio no es una mercancía. “Tenemos que exigir justicia. Deben ser castigadas las personas que dieron la orden. Los que dispararon y mataron a mi hermano”.
Sobre el Ejército, su hermano José reprueba su actuación en las calles. “El Ejército debería estar haciendo sus misiones para las que fue creado. Hasta la fecha nosotros tenemos siete años y medio exigiendo que se castigue a todas las personas porque un soldado no acciona solo. Recibe órdenes”.
Firme asevera: “Sus investigaciones siempre son a su favor y nosotros como víctimas no nos dan la facultad de presentar pruebas diferentes”.
El panorama de la justicia en México no es alentador, por el contrario, con voz entrecortada sentencia “si eres pobre, no te hacen caso. No hemos encontrado la justicia que como mexicanos merecemos. No queda más que tocar puertas a nivel internacional porque el Gobierno no quiere reconocer su participación directa, su culpa en la muerte de mi hermano. Tenemos que ir a otra instancia donde anhelamos conseguir justicia, una justicia que como mexicanos en México no tenemos”.