Los otros desplazados

Morelia Barahoma nació en Colombia y migró a la Ciudad de México desde muy joven. En esta última, junto a su hermana, fundó una línea de ropa de trajes de baño. En 2004, durante unas vacaciones, conoció el paraíso con forma de isla alargada como salchicha en el Caribe mexicano. No lo pensó mucho y se mudó allí, a Holbox, que en maya significa “hoyo negro”, la misma que podría desaparecer en los próximos años.

Con apenas un año en la isla, Barahoma supo lo que era el miedo. El huracán Wilma, de categoría cinco, sumergió a la isla y arrancó a su paso viviendas y techos de los menos de entonces 1 400 habitantes como si fueran un racimo hojas. Su casa, cercana a la playa, desapareció. La mayoría de los isleños, incluida Barahoma, habían sido evacuados días antes, gracias a lo cual se pudo evitar la pérdida de vidas humanas.

Holbox es el hogar del tiburón ballena, el pez más grande del mundo, así como de más de 300 especies de fauna (muchas de ellas en peligro de extinción, como la tortuga de carey), además de poseer importantes zonas de manglares, que son formaciones vegetales leñosas, densas, arbóreas o arbustivas de 1 a 30 metros de altura, compuestas de una o varias especies de mangle. Debido a su riqueza, el Gobierno federal declaró la zona como Área Natural Protegida Yum Balam, en 1994.

Aquella imagen de Holbox sumergida podría ser en realidad una ventana al futuro. Muchos afirman que la isla no sobrevivirá las próximas dos décadas, pues cada año su playa pierde terreno ante el aumento del nivel del mar, debido al calentamiento global.

Punta Cocos, por ejemplo, ubicada al norte de la isla, prácticamente  ha desaparecido, dice Barahoma. “Ahora hay un muro de contención. No queda ni un centímetro de playa,  para entrar a uno de los hoteles ubicado ahí, hay que cruzar por agua”, agrega.

Holbox se encuentra ubicada en Lázaro Cárdenas, uno de los 319 municipios vulnerables ante el cambio climático, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En estos municipios altamente vulnerables viven entre 40 y 50 millones de personas, sin embargo, muchas de ellas no saben el nivel de riesgo en el que están.

CAMBIO CLIMÁTICO

Sequías, tormentas y ciclones comprenden 80 % de las declaratorias de desastres y, también, son algunos de los efectos que el cambio climático acelera o produce fuera de la temporalidad esperada. Cuando las personas deciden migrar debido a estos fenómenos se convierten en desplazadas ambientales y en México, durante 2015, ya superaron en número a aquellas que fueron desplazadas por la violencia.

De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en 2015, 91 000 personas fueron desplazadas por factores medioambientales, contra 6 000 desplazamientos derivados del conflicto. De 2004 a 2015, 2.1 millones de mexicanos han sido forzados a dejar sus hogares por causas ambientales.

En el mundo, el IDMC estima que 172 millones de personas –44 % más que la población total de México– han sido desplazadas de sus lugares de origen por desastres naturales, donde Asia es el continente más afectado. El Observatorio, que forma parte del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), señala que los factores vinculados al origen humano, “como el rápido desarrollo económico, la urbanización y el crecimiento de la población en zonas propensas al peligro”, impulsan el aumento global en el desplazamiento causado por desastres.

El cambio climático aumenta los riesgos inherentes de los fenómenos meteorológicos, al hacerlos más intensos y frecuentes.

“Hoy en día, la probabilidad de ser desplazado por un desastre es 60 % mayor de lo que era hace cuatro décadas, y un análisis de 34 casos revela que el desplazamiento por desastres puede durar hasta 26 años”, asegura el IDMC.

CONTRA LOS MÁS POBRES

La lluvia, el sol o el frío no reconocen niveles socioeconómicos, atacan todos por igual. Sin embargo, la pobreza sí es un factor que incrementa las probabilidades de que una persona sea víctima de un desastre natural. De acuerdo con el Programa especial de cambio climático 2014-2018 (PECC), 68 % de la población afectada por desastres está en situación de pobreza o extrema pobreza. Son esas personas las que “habitan en viviendas precarias y zonas de alto riesgo ante desastres climáticos, como laderas de montañas, barrancas o zonas susceptibles de inundación, (como) orillas de los ríos o en planicies con baja permeabilidad”.

Además, el costo de los desastres aumenta cada año. Mientras que en el periodo 2000-2004 estos repercutieron en las arcas nacionales con 573 millones de dólares (mdd), promedio anual, para 2005-2009 la cifra se elevó a 2 320 mdd. Y en 2010-2014 fue de 3 864 mdd, de acuerdo con un análisis hecho a partir de datos publicados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

UN ATLAS FANTASMA

Aunque el IDMC da un estimado de cuántos desplazados ambientales hay en México, las autoridades locales no llevan ningún registro. De hecho, ni siquiera hay acceso público al Atlas nacional de vulnerabilidad ante el cambio climático (ANVCC), realizado por el INECC. Revista Cambio solicitó el documento y una entrevista con algún vocero del instituto, sin que al cierre de esta edición se haya concretado. Solo se recibió la lista de los 319 municipios vulnerables (161 menos de los que el INECC reportó al PECC, en 2014).

“El Atlas de Vulnerabilidad es como el chupacabras” –dice la diputada Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, miembro de la Comisión de Cambio Climático en la Cámara de Diputados–, todo el mundo dice que existe, pero nadie lo ha visto”.

En abril pasado, Flores Gómez solicitó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a entregar avances del ANVCC, pues debía tener lista una plataforma de consulta del mismo, desde 2015. “A la fecha no me han respondido. Ni me han entregado nada”, dice la legisladora.

“Esta condición de desinformación nos afecta. Podríamos, incluso, presentar una queja ante Derechos Humanos. Es frustrante que las condiciones de la población se encuentren en tan alta vulnerabilidad, sin contar con el respaldo de las autoridades”, dice Flores Gómez. “No tener un atlas de riesgo te genera doble vulnerabilidad”.

Lo que sí se sabe es que la temperatura promedio en el país se ha incrementado en 0.85 ºC –similar al promedio global reportado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)–, aunque se espera que para el norte del país el aumento llegue a los 2 ºC. Mientras que la precipitación anual se ha reducido –lo que aumentará las sequías– entre 10 y 20 %, con excepción de Baja California, donde las lluvias menguarán hasta en 40 %, de acuerdo con el informe Cambio climático, migración y seguridad. Política de mejores prácticas y opciones operacionales para México, del Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI, por sus siglas en inglés), una organización británica con dos siglos de existencia, especializada en temas de seguridad.

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Los desplazados ambientales no son producto exclusivo de los efectos meteorológicos o del cambio climático. Los gobiernos y funcionarios responsables de crear y aplicar las políticas públicas también participan en la ecuación de la catástrofe.

“Hay un deseo de culpar de todo al cambio climático. Lo que puede suceder es que la gente migra de sus regiones y las autoridades podrían decir que no es causa de malas políticas públicas, o del manejo que hacen en el territorio, sino que es producto del cambio climático”, explica Víctor Magaña, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“El riesgo lo estamos construyendo por nuestra política de desarrollo, o sea, la ocupación del territorio es un caos, el aprovechamiento de los recursos es un caos, la administración del agua es un caos. A raíz de eso, cualquier sequía por grande o pequeña nos va a afectar, cualquier huracán por intenso o débil, afecta”, agrega el especialista, quien también ha participado con el IPCC.

El Gobierno federal en México planea destinar 35 000 millones de pesos (mdp) a la “Adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2017, cuya aprobación es discutida actualmente en el Congreso de la Unión.

De ese monto, las tajadas más grandes se las llevan los sectores de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 30 %; el de Recursos Naturales, 26.4 %; y en tercer lugar, el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), con 17.2 por ciento.

El Fonden es el encargado de responder ante las emergencias de la población frente a un desastre no planeado, como pueden ser terremotos, fenómenos meteorológicos o cualquier otra emergencia. De aprobarse el PEF enviado por el Ejecutivo, para el siguiente año este fondo recibirá 6 036 mdp.

En contraste, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) –encargado de reducir los riesgos y mitigar los efectos destructivos de los fenómenos naturales, a través de la prevención, para disminuir el impacto en términos de vidas humanas, bienes de la población, servicios públicos y el medio ambiente– recibiría en 2017, apenas 179.4 mdp, 3 365 veces  menos que el Fonden.

Para la legisladora Mirza Flores la motivación para destinar más recursos al Fonden que al Fopreden puede ser perversa: “Los desastres son un negocio para los gobiernos. Cuando gastan durante la emergencia, pagan hasta el cuádruple el valor de las cosas y con muy poca supervisión financiera, por la misma urgencia”, dice.

El Gobierno federal reconoce su error al abastecer de más recursos al Fonden que al Fopreden, según dice el PECC: “Hasta ahora, México se ha caracterizado por actuar de manera reactiva, más que preventiva ante los desastres. Ejemplo de esto es el presupuesto federal asignado al Fonden y al Fopreden”, y lo acompaña con la siguiente imagen (figura balanza). Sin embargo, aunque en documentos oficiales conste la necesidad de elevar los recursos a la prevención, este año el Ejecutivo recortó en 50 % el presupuesto del Fopreden.

“Deberías de dejar de hablar de desastres para hablar de los riesgos, y así reducirlos, a través de gestionarlos de forma integral, es decir, con política, con cultura. Espero que no demoremos demasiado en hacerlo”, concluye Magaña.