Por Martha Pskowski
‘Te vamos a deportar’, me dijo la licenciada de Migración. ‘¿Cómo sabe usted eso?’, le pregunté”.
Luis (se ha omitido su nombre real para proteger su identidad) relata cómo lo recibieron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Celaya, Guanajuato.
“Yo le dije, ‘Hay leyes, hay derechos humanos sobre mi caso…’. Cuando empecé a hablar así, ella dejó de hostigarme”.
Fue un lunes de septiembre de 2015. El jueves anterior, Luis viajaba sobre un vagón de La Bestia, el tren que se ha hecho famoso por servir de transporte –de alto riesgo– a las personas migrantes centroamericanas que intentan cruzar México para llegar a los Estados Unidos, en uno de los viajes migratorios más peligrosos del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Mientras él viajaba, un grupo de guardias privadas empezó a dispararles. Fueron tres las balas que alcanzaron la espalda de Luis.
Migrar no es delito
Pasó una noche en el hospital y al amanecer, una trabajadora social le dijo que tenía que irse, o iba a llamar a Migración para que lo detuvieran. Luis salió a pesar de su delicado estado de salud y se reunió con sus compañeros, otros migrantes que estaban en el albergue Manos Extendidas a los Necesitados, A.C. Fue allí donde conoció a algunos defensores de derechos humanos que lo ayudaron a denunciar.
“En todas las casas de migrantes te enseñan que tienes derechos. No es delito ser migrante,” dice Luis, que ahora tiene 39 años y me relata su historia en un café de la Ciudad de México. A un año y medio del incidente, ha comenzado el proceso para solicitar asilo en México.
Desde que inició el Programa Frontera Sur en julio de 2014, el camino de los transmigrantes en México se ha vuelto más difícil y más peligroso. Aunque Celaya queda lejos de la frontera sur de México, hasta ahí se ven los impactos del Programa: La Bestia corre más rápido y los guardias han recibido órdenes de tirar a matar.
Actualmente, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos, pues durante 2016 fueron deportados 143 057 a sus países de origen, casi el doble del número de deportaciones de personas originarias de Centroamérica desde Estados Unidos.
Esto sí es personal
Como periodista, he escrito sobre el Programa Frontera Sur, conozco decenas de migrantes que han sufrido sus consecuencias. Pero como extranjera en México, el tema migratorio se volvió personal.
La primera vez que hice un trámite migratorio fue en agosto de 2014, porque gestioné una visa estudiantil. Lo que puedo decir es que la burocracia mexicana es agotadora, no obstante para mí sólo ha sido eso: trámites sin fin y pagos rutinarios. Sin embargo, a finales de septiembre de 2016, al recoger una nueva tarjeta de residencia temporal, me atreví a preguntar algo muy básico: “¿Por qué tengo que pagar tanto?” Me habían robado la tarjeta en un mercado y la reposición me costó 1 107 pesos. La funcionaria en la ventanilla parecía ignorarme, como si yo hubiera pensado en voz alta, pero insistí.
Me dijo que podría ir a la Oficina de Transparencia dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. El funcionario, en medio de incontables intentos de coquetear conmigo, me ayudó a ingresar una solicitud de información pública. Pregunté dos cosas: ¿Qué hacen con los 1 107 pesos que pagué por la reposición de la tarjeta? y ¿Qué hacen con el pago de derecho de 3 596 pesos que un extranjero tiene que pagar por tener la residencia legal por un año?
Pasaron los 20 días hábiles que marca la ley y tuve una respuesta:
“Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad de servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración”.
Mi enojo fue inmediato. Mientras Donald Trump y Enrique Peña Nieto discuten quién va a pagar el famoso muro fronterizo, yo –y todos los demás migrantes regularizados en México– pagamos, sin saberlo, por la infraestructura de la política migratoria en la frontera sur. Entonces recordé que Enrique Peña Nieto ha dicho en sus discursos que “México no cree en los muros”, sin embargo hay un hecho real: la militarización de la frontera sur.
La opacidad
El financiamiento y las actividades del Programa Frontera Sur han sido opacos desde que Peña Nieto lo anunció el 7 de julio de 2014. El día siguiente crearon por decreto “la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur” (CAIMFS). El decreto indica que desde junio de 2013 hay esfuerzos del Gobierno para “avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura”.
El 28 de agosto de 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, presentó los tres ejes del Programa: disminuir el número de migrantes que suben a La Bestia; desarrollar estrategias para garantizar la seguridad de los migrantes, y combatir las organizaciones criminales que vulneran a los migrantes. Para ello nombraron a Humberto Mayans Canabal como coordinador.
México se ha vuelto un destino para los migrantes de muchos países: gringos, colombianos, venezolanos, chinos, cubanos, franceses y españoles. Según datos del INM, durante 2016 fueron 103 977 extranjeros los aceptados como residentes temporales. Cada uno pagó 3 596 pesos, eso significa que el monto obtenido durante 2016 de los residentes temporales podría ser 373.9 millones de pesos.
Los requisitos para obtener la residencia temporal son sencillos: con una oferta de trabajo de una empresa o institución mexicana y el dinero por el pago de derecho, el INM aprueba la mayoría de las solicitudes, apenas unas semanas después de iniciar el trámite. Muchos norteamericanos o europeos entran con una visa de turista para buscar un empleo en México y una vez que lo obtienen empiezan el proceso de regularización, algo que los mexicanos no pueden hacer si van a Europa o Estados Unidos como turistas.
Pero la regularización para las personas centroamericanas no es tan fácil. Simplemente para entrar como turistas, tienen que comprobar sus finanzas y los boletos del viaje redondo, algo imposible de pagar para los que intentan cruzar este país solamente para llegar a los Estados Unidos, o los que buscan protección humanitaria en México.
Vejación constante
Luis había viajado a través de México muchas veces. Emprendió el viaje por primera vez en 1998. Salió del departamento de Yoro, en su natal Honduras. Quería llegar a Estados Unidos y tenía apenas 20 años. Allí comenzó un ir y venir que es común para las personas migrantes indocumentadas. Fue deportado varias veces de los Estados Unidos, pero siempre regresaba.
En 2015, regresó a Honduras por cinco años, después de una deportación. Quería quedarse en su país, sin embargo explica: “Decidí viajar otra vez, pero porque ahora huía de la violencia.”
Y es que justo ese año asesinaron a su tío en San Pedro Sula. Luis ayudó a sus familiares a denunciar el crimen. Entonces, una pandilla empezó a amenazarlo y a perseguirlo. Dos veces fue rastreado por hombres armados. En sus manos aún se ven las cicatrices de las balas que le rebotaron.
“En Honduras, mi vida no es vida,” me dice, sentado en un centro de atención a migrantes y refugiados en la Ciudad de México. Luis entonces decidió salir nuevamente de Honduras, pero en México encontró el muro invisible del Programa Frontera Sur. Esta vez no ha logrado llegar a Estados Unidos.
“Ahora es bien difícil tomar el tren, tienes que tomar otras vías. Hay que aprender unos nuevos caminos para evadir a Migración y a los militares”, explica. Celaya no fue su primer obstáculo. En agosto de 2015 entró a México por Tenosique. No obstante dos veces fue deportado desde Palenque. La tercera vez que entró a México ya no tenía dinero y pasó tres días caminando en la selva para llegar a Tenosique. Logró pasar Palenque y subió a La Bestia hacia Coatzacoalcos, Veracruz.
“Fue un infierno llegar a Coatza,” dice. Bandas de secuestradores subían al tren para cobrar una cuota y raptar a los que no podían pagar. Con Frontera Sur, los asaltos contra migrantes en Tabasco, Chiapas y Oaxaca subieron 81 % de julio de 2014 a abril de 2015, comparando con el año anterior.
Luis y sus compañeros subieron al tren otra vez más adelante de Coatzacoalcos. Pasaron por Tierra Blanca y Orizaba, pagando a las pandillas y los guardias privados, por el “derecho” de subir al tren. Siguió Tlaxcala y Lechería en el Estado de México. Subieron a otro tren en Huehuetoca para llegar a Celaya.
A unos diez minutos de Celaya, Luis notó una camioneta Ford de cuatro puertas, con la insignia de la empresa Cuerpo de Guardias de Seguridad del Valle de Toluca (Cusaem), que cambió de nombre a Seicsa. Tras pasar un árbol al lado de las vías, escuchó disparos desde la camioneta.
“Hicieron tres disparos. Vi que mis amigos se tiraron y me tiré sobre ellos. Disparan otra vez y me pegaron tres en mi espalda,” cuenta Luis.
Bajaron del tren y unas señoras que vivían al lado de las vías les ayudaron para llamar a una ambulancia.
Luis denunció la agresión y después se trasladó a la Ciudad de México. Recibió una visa humanitaria en diciembre de 2016, que dura un año. A pesar de ello, trató de llegar a Estados Unidos y fue deportado, esta vez hasta Honduras donde nuevamente la pandilla que lo perseguía intentó quitarle la vida. Fue entonces que decidió venir a México. Ahora está en espera de la respuesta sobre su solicitud de asilo, por la persecución que vive en Honduras. Todavía trae las balas en su espalda y poco a poco van saliendo los fragmentos. Su caso en Celaya sigue abierto.
Luis no es la única víctima de los guardias privados del tren. Organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado que al menos ocho personas han sido ejecutadas en el último año por este servicio de seguridad privada. Se buscó a Seicsa para que diera su versión en torno a estas acusaciones, sin embargo, la solicitud de entrevista fue ignorada.
Así, mientras migrantes europeos y norteamericanos con contactos profesionales y una oferta de trabajo pueden pagar por el derecho de estar legalmente en México, ese dinero se utiliza para detener y deportar a quienes no pueden acceder a una visa –principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Pero todos somos migrantes, como Luis… y como yo.
En 2015 el gobierno federal asignó 102 millones de pesos a la CAIMFS
En 2016 fueron 93.5 millones de pesos
En 2017 el presupuesto es de 59.83 millones de pesos
100 % destinado a Servicios Personales. 2015 fue el último año que la Coordinación presentó un Informe de Actividades
