Son 10 años los que lleva el Ejército Mexicano fuera de los cuarteles para combatir a la delincuencia organizada y hasta ahora no existe una legislación que le dé un marco jurídico a su actuación.
Fue el propio secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, quien abrió el tema cuando pidió que se regularice la situación de las Fuerzas Armadas, ya que no puede ser tomado a la ligera por la clase política. “O nos dan un marco legal adecuado o nos regresan a los cuarteles”, dijo.
En el mismo tono, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que la misión de los soldados y marinos es “preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país”.
Tras esto, los legisladores tampoco se quedaron atrás y acordaron que será hasta enero próximo cuando el tema comience a discutirse en el Congreso.
La Junta de Coordinación Política acordó trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados para diseñar las leyes que regularán la actuación del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado.
Se prevé que se realice una serie de foros de consulta con actores involucrados para diseñar un marco regulatorio y, en la medida de lo posible, que el dictamen esté listo a finales de enero para discutirse en un periodo extraordinario, aseguró el presidente del Senado Pablo Escudero Morales.
En el Congreso de la Unión hay al menos tres iniciativas congeladas en ese sentido. Una del PRI, otra del PAN y una más de Movimiento Ciudadano; dos fueron presentadas este año y una más está pendiente desde 2015.
La más reciente –la del PRI– fue puesta sobre la mesa apenas en noviembre pasado, sin embargo no ha sido considerada como un tema prioritario y por lo tanto no tiene fecha para su discusión ni para aprobación.
Carlos Salazar / Reporte Índigo