POR ALEJANDRA DEL CASTILLO
Los paisajes urbanos en la Ciudad de México se transforman cada día. A nuestro alrededor ya no crecen árboles, aunque sí edificios, y donde antes había una casa, se erige una torre. Donde antes vivió una familia, después vivieron diez, y ahora, cincuenta.
No obstante, casi todo el mundo sueña con comprarse una casita –bueno, en una ciudad, al menos un departamento– porque se le ve como un patrimonio y una forma de “asegurar el futuro”, dicen. Comprar un espacio para vivir es realmente entablar una relación, una de las más importantes y profundas que se establecerán en la vida.
Nos ilusiona, nadie lo niega, y soñamos con el color de las paredes e imaginamos dónde se acomodará la sala. Nos emociona elegir hasta las cortinas, unas que dejen pasar la luz y otras que nos protejan de los rayos de la mañana a fin de dormir un poco más. Así es, te casas con tu casa. Sin embargo, ese lugar tiene una historia que empezó antes de que tú llegaras. ¿Lo comprarías si su existencia estuviera marcada por irregularidades y corrupción?
Esta es la historia de un edificio que ha sido vestido lo mejor posible. Sus dueños han procurado que no luzca ostentoso, ni de interés social, sino todo lo contrario, lo que sea que eso signifique.
Se encuentra en algún punto de los 26.62 km2 que conforman la delegación Benito Juárez, una demarcación capitalina privilegiada por su nivel de vida, su ubicación, sus vías de comunicación, el acceso al transporte público, y otras cosas que hacen que la zona sea ideal si alguien quiere mudarse, aunque sea a un departamento pequeño.
Y ese es el gancho del gran negocio: donde había una casa o un predio más o menos grande, han llegado a construir desarrollos habitacionales que multiplican el valor pagado por el terreno con departamentos. Un paraíso para algunas carteras.
Donde hoy existe este inmueble, antes hubo una antigua vecindad azul en la que vivían sólo 12 familias. Hoy son 48 los espacios “habitables” construidos en medio de opacidad, irregularidades e impunidad.
LOS HECHOS
Todo comenzó en 2008 y las raíces del edificio también cuentan su historia. Nunca hubo autorización para demoler la antigua vecindad, tampoco un estudio de daño ambiental, no se presentaron los papeles que comprobasen que dicho predio no tuviera adeudos de predial o servicios, la obra no contaba con certificado de uso de suelo, tampoco registro de manifestación de construcción, no hubo proyecto de protección a colindancias, ni seguro de responsabilidad por obra civil. Cuando los afectados por estas irregularidades iniciaron una demanda, toda esta información fue solicitada vía INFOMEX, pero la respuesta de la delegación fue que su comité acordó por unanimidad reservarla por siete años bajo el argumento de que la divulgación podría ser utilizada en perjuicio del procesado.
La construcción nueva fue irregular en todo su proceso, y aun así fue concluida. Recibió de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) del Gobierno del Distrito Federal, en 2012, dos certificados. El primero con fecha del 25 de julio donde autorizaba la construcción de 20 departamentos en tres niveles. Después (y en este orden) apareció un certificado con fecha del 4 de julio de 2012 donde autorizaba la construcción de 48 departamentos en seis niveles. Todo avalado según la Norma 26.
Aquí vale la pena aclarar que la Norma 26 se entiende como la construcción de viviendas de interés social y popular que no pueden venderse en más de 720 000 pesos. Esta misma norma, avaló que en una zona de construcción H3, que pone como límite tres niveles de construcción, se edificaran dos torres, con planta baja, seis niveles y una azotea, con un total de 48 departamentos de 56m2 y 60 metros cuadrados.
El 8 de octubre del 2012 se ordenó la suspensión de la aplicación de la Norma 26 debido a los abusos cometidos por muchos desarrolladores; no obstante, hacia el 2015 se calculaba que en toda la Ciudad de México existían 4 500 inmuebles construidos bajo esa normatividad, 900 de ellos en la delegación Benito Juárez.
Antes que todo esto sucediera, la delegación otorgó una orden de demolición, primero parcial, por los tres niveles excedentes y luego la demolición total del edificio que protagoniza esta historia. Clausuró la obra en más de dos ocasiones y en todas ellas, los sellos fueron violados. Una vez rotos y cuidadosamente pintados de blanco, otra vez fueron cubiertos con una lona blanca con el propósito de que no pudieran apreciarse. Mientras, la obra seguía su construcción día y noche. Obreros entraban, obreros salían. Para los proveedores de servicios ningún sello importó tampoco.
Esta es la historia del edificio ubicado en el número 139 de la avenida Primero de mayo, en San Pedro de los Pinos, aunque su historia podría ser la de cualquier obra irregular. En este caso, la construcción es responsabilidad de Coinasa Desarrollos Habitacionales S.A. de C.V.
Los departamentos puestos en venta se ofrecieron a precio de Norma 26 sin estar terminados, pero si los compradores decidían que se incluyeran los acabados, subía sustancialmente el precio. La otra opción era comprarlos en 1 500 000 pesos. Sin embargo, algunos sitios de venta de inmuebles en Internet actualmente ofrecen esos departamentos hasta en 2 280 000 pesos.
El edificio, nombrado Velasco, es responsable del hundimiento y daños estructurales a la propiedad colindante, un inmueble ubicado en el 141 de la misma calle y su valor artístico está catalogado por el INBA.
Los propietarios del predio dañado se han mantenido vigilantes desde antes que iniciara la construcción del edificio Velasco, no obstante, hasta ahora ninguna institución ha hecho frente a sus demandas para detener a uno de sus monstruos inmobiliarios.
Y así es como, algunas veces, la corrupción adquiere un rostro que se ve igual que un inmueble de interés social de seis niveles con balcones a la calle. Si el hogar de tus sueños luce así, cuidado, piénsalo dos veces antes de comprarlo.
Reporta
El sitio https://obrachueca.com es una iniciativa ciudadana que reúne los reportes de obras irregulares y los geolocaliza en un mapa de la Ciudad de México. Dicha iniciativa pretende visibilizar las obras ilegales y las complicidades entre autoridades e inmobiliarias irregulares, denunciar la problemática y exigir a los funcionarios que cumplan sus responsabilidades.
Actualmente han recibido 492 reportes.
