Por Rogelio Segoviano
En el libro La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México (Grijalbo, 2001), el académico e investigador Sergio Aguayo nos revela que esto del espionaje a políticos y periodistas por parte del Gobierno no es nada nuevo, pues desde 1947, cuando recién había sido creada la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS) por el presidente Miguel Alemán Valdés, eran intervenidos dos teléfonos por cada turno de vigilancia de los agentes de esa organización policiaca. Y no es que no quisieran intervenir más, sino que técnicamente les resultaba muy complicado hacerlo en ese momento.
Quince años más tarde, a principios de la década de los 60, la “tecnología” de Telmex le permitió a los servicios de inteligencia espiar, desde un salón secreto en el Hotel Regis, los teléfonos de hasta 117 personas al mismo tiempo, siendo de los más vigilados por la DFS el sindicalista Vicente Lombardo Toledano (fundador del Partido Popular Socialista), el periodista Julio Scherer y el ingeniero Heberto Castillo (fundador de los partidos Mexicano de los Trabajadores, Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática).
A mediados de los 80, con la desaparición de la DFS y la creación del “moderno” Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el espionaje telefónico alcanzaba ya a miles de personas en nuestro país, sin embargo, menos de 3 % de esa infraestructura estaba dirigida a apoyar los servicios de inteligencia en el combate al narcotráfico, el secuestro y otros delitos federales pues, de acuerdo con un reportaje del diario Reforma (28 de noviembre de 2000), casi todas la intercepciones telefónicas estaban dirigidas a vigilar y escuchar las conversaciones de políticos, periodistas y activistas sociales. No es ningún secreto que durante la campaña presidencial de 2000, todos los días, desde Gobernación, le hacían llegar al candidato del PRI, Francisco Labastida, una carpeta con información confidencial de Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas.
Ya en el terreno de los millennials, encontramos que en julio de 2015 el sitio Wikileaks publicó más de 400 GB de información de la compañía italiana Hacking Team, desarrolladora del software malicioso de espionaje digital “Sistema de Control Remoto” (también conocido como Galileo y Da Vinci), en donde se revelaba que diferentes dependencias del gobierno mexicano estaban entre sus principales compradores. De acuerdo con estos documentos, el Cisen, Gobernación, la Marina, el Ejército y Pemex, así como los gobiernos de Puebla, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Yucatán, Querétaro, Campeche y el Estado de México adquirieron licencias del software de espionaje y vigilancia Galileo y Da Vinci por más de 6 537 millones de dólares.
Galileo y Da Vinci penetran en computadoras y teléfonos inteligentes, y se apropian de contraseñas, mensajes, e-mails, contactos, llamadas, audios, webcam, Skype, chats, geolocalización, información del disco duro, memoria de cada una de las teclas oprimidas y clics del mouse, capturas de pantalla, historial de sitios visitados en Internet… y lo que sea.
Con tanto material, tal vez ya es hora de que en México hagamos nuestra propia versión de La vida de los otros, la extraordinaria película alemana que aborda el tema del espionaje de la policía secreta de la RDA (República Democrática Alemana) a los círculos intelectuales de Berlín Oriental durante la Guerra Fría. Ya viene Alfonso Cuarón con una historia en torno al “Halconazo” del 71, no estaría mal que se siguiera con la historia de la DFS, por ejemplo.
*Periodista especializado en cultura.
@rogersegoviano.
