Hace un par de meses, el Instituto Federal de Telecomunicaciones inició conversaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para revisar el acceso que tienen los concesionarios de servicios de telecomunicaciones a la infraestructura de la paraestatal (ahora Empresa Productiva del Estado).
Muchos elementos de infraestructura de la CFE son importantes para las empresas del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, pero uno de ellos es vital: los postes de luz. Solo hay una empresa de telecomunicaciones en México que tiene sus propios postes y esa es Telmex. Todas las demás requieren acceso a los postes de la CFE.
Si todas las empresas de telecomunicaciones instalaran los postes y ductos que requieren sus redes, las calles serían intransitables, además de que los gobiernos municipales no lo permitirían.
Hace unos años, la CFE buscó elevar el costo del uso de los postes a casi el triple. En aquella ocasión, las cámaras y asociaciones del sector de telecomunicaciones impidieron dicho aumento y se creó un Pago de Derechos que se mantuvo con ligeros aumentos, hasta la fecha.
La CFE está negociando las nuevas reglas y el incremento de los precios por el uso de su postería, directa- mente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que no augura los mejores resultados. Cabe decir que no se toma en cuenta en esta negociación a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión. ¡Cuánto extrañamos a una cámara con proteína!, que realmente represente los derechos de la industria.
Hay que recordar que todo costo o gasto de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión lo pagan los usuarios de los servicios, y un aumento pronunciado del costo de acceder a la infraestructura de la CFE repercutiría en los precios de servicios de telecomunicaciones.
A esta situación de incertidumbre se adiciona la reciente devaluación de la moneda, que obliga a los proveedores a pagar más por todos los equipos necesarios a fin de ofrecer servicios de telecomunicaciones, señales de televisión restringida y los enlaces de acceso a Internet que reciben los usuarios de las empresas del sector; todos ellos, insumos que se cotizan y pagan en dólares.
Costos más elevados de los equipos para la indus- tria se traducirán en un aumento de precios al consumidor.
El aumento de los precios de los servicios de tele- comunicaciones y radiodifusión son contrarios a la política constitucional y al Presidente de la República, respecto a reducir los costos de acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, que ahora son un derecho constitucional.
Red Compartida La semana pasada se presentaron finalmente las propuestas económicas y técnicas de los Interesados en desarrollar la Red Compartida, tema relevante y que está pendiente desde la Reforma Constitucional de junio de 2013.
Solo hubo dos interesados, dato que no debe sor- prender a nadie, puesto que es un proyecto enorme (costará más de 4 000 millones de dólares), y la garantía de entrada es de 1 000 millones de pesos. Por ello, no se esperaba a más de cuatro interesados, pues no hay muchas empresas capaces de llevar a cabo este tipo de proyectos.
En todo caso, si todo sale bien, se podría cumplir el objetivo constitucional de una Red Compartida que iniciaría operaciones antes del fin de 2018.
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