CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Cientos de guatemaltecos participaron en una marcha el sábado para protestar contra un acuerdo de “tercer país seguro” que el presidente Jimmy Morales firmó con Washington, y el cual obliga a los migrantes que llegan al país centroamericano en su travesía hacia Estados Unidos a solicitar asilo en territorio guatemalteco y no en la frontera estadounidense.
Ondeando la bandera nacional azul y blanco, los manifestantes se reunieron frente al palacio presidencial en Ciudad de Guatemala. Ahí, exigieron la renuncia de Morales por haber cedido a las demandas de Estados Unidos de hacer de Guatemala un “tercer país seguro” para los migrantes, entre ellos quienes viajan al norte procedentes de El Salvador y Honduras.
Los manifestantes también portaron carteles en que pidieron a Guatemala mantener su soberanía y expresaron su apoyo a una comisión anticorrupción respaldada por Naciones Unidas que Morales expulsó del país. El periodo de Morales de cuatro años en la presidencia culmina en enero, y está programada una elección de segunda vuelta en agosto a fin de determinar a su sucesor.
Brenda Hernández, activista en defensa de los derechos humanos y parte de los organizadores de la marcha, señaló que Guatemala a duras penas puede atender a su propia ciudadanía, mucho menos ofrecer refugio a migrantes vulnerables.
“Guatemala no cuenta con las cualidades para ser un país seguro para migrantes indeseados en Estados Unidos”, sostuvo Hernández.
Las mismas condiciones que llevan a los salvadoreños y hondureños a huir de sus países _la violencia de pandillas, pobreza, desempleo y una prolongada sequía que ha dañado severamente los campos agrícolas_ también se viven en Guatemala.
Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, también criticó el acuerdo con Estados Unidos al subrayar que el trato viola la Convención de Viena dado que el gobierno guatemalteco lo firmó bajo presión.
Cuando las negociaciones para un acuerdo migratorio se tambalearon, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las remesas enviadas a casa por los trabajadores guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos, fijar tarifas a los bienes de Guatemala y restringir los viajes de guatemaltecos a Estados Unidos.
Rodas describió el acuerdo como “inmoral e ilegal”.
El máximo tribunal de Guatemala ha indicado que el pacto debe ser aprobado por el Congreso ante de ser ejecutable.
Como parte del acuerdo de asilo, Estados Unidos ha prometido incrementar el acceso al programa de visas temporales H-2A para trabajadores agrícolas oriundos de Guatemala.
Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos para Guatemala, arremetió contra el gobierno de Trump por presionar a Guatemala para que aceptara el acuerdo.
Los migrantes guatemaltecos representaron 34% de las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México de octubre a junio, más que cualquier otra nacionalidad. Los migrantes hondureños se ubicaron en segundo sitio en 30%, seguidos por mexicanos en 18% y salvadoreños en 10%.
El acuerdo podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración de Estados Unidos, aunque hay muchas interrogantes aún sobre cómo se ejecutará.
