SAN FRANCISCO (AP) — Las organizaciones de derechos civiles que intentan bloquear la política del gobierno del presidente Donald Trump de devolver a los solicitantes de asilo a México han cumplido con los requisitos básicos para presentar su caso, dijo el viernes un juez, que también se mostró escéptico de uno de sus argumentos clave para demostrar que la práctica es ilegal.
Al final de la audiencia, el juez Richard Seeborg no emitió un fallo inmediato que le ayudara a decidir si suspende la política mientras se decide una apelación.
La medida que comenzó a aplicarse en enero en el cruce San Ysidro, en San Diego, fue un cambio sin precedentes en el sistema estadounidense de asilo. Lo habitual era que las familias solicitantes de asilo quedaran en libertad dentro de Estados Unidos con órdenes de comparecer ante las cortes de inmigración.
El gobierno extendió luego la política al cruce de Calexico, unos 193 kilómetros (120 millas) al este de San Ysidro.
La demanda a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos intercesores sostiene que el gobierno viola la ley al no tener debidamente en cuenta los peligros que enfrentan los migrantes en México.
Seeborg dijo que los demandantes tenían la potestad de presentar el caso y que el tribunal podía escucharlo. Pero cuestionó el argumento de que la medida viola la ley estadounidense que permite el regreso de inmigrantes a México.
El gobierno ha citado esa ley como autorización para realizar cambios en el sistema de asilo. La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones dijeron que la ley no es aplicable a solicitantes de asilo que cruzan la frontera ilegalmente o se presentan al cruce fronterizo sin los documentos adecuados.
Las organizaciones también han acusado al Departamento de Seguridad Nacional y a funcionarios de inmigración de privar a los migrantes del derecho a solicitar asilo al dificultar el proceso.
“En lugar de poder concentrarse en preparar sus casos, las personas que solicitan asilo obligadas a regresar a México tendrán que concentrarse en intentar sobrevivir”, según la demanda presentada en febrero por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Southern Poverty Law Center y el Center for Gender & Refugee Studies, todos organismos activistas.
El gobierno confía en que obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente las peticiones con poco sustento y contribuya a reducir los más de 800.000 casos acumulados en los tribunales de inmigración.
El Departamento de Justicia dijo en documentos presentados en la corte que la política “responde a una crisis de extranjeros, muchos de los cuales podrían tener argumentos inadecuados para solicitar asilo, saturando la capacidad del poder ejecutivo de detención en casos de inmigración, siendo liberados a Estados Unidos para vivir durante muchos años sin hacer los méritos para tener el derecho a recibir la asistencia, y con frecuencia no presentándose nunca a los procedimientos migratorios”.
Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, la medición más utilizada para determinar los cruces ilegales, han aumentado mucho en el último año, pero se encuentran en un nivel relativamente bajo históricamente hablando después de que en 2017 llegaron a su nivel más bajo en 46 años.
La política comenzó a aplicarse luego de meses de conversaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los niños que viajan solos están exentos de ella.
