CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en 2014 inició el lunes una nueva etapa con la puesta en marcha de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañará los trabajos de la comisión para la verdad lanzada en enero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Este grupo de la CIDH es el segundo que se crea en los últimos años para ayudar en las indagatorias en torno al caso de los estudiantes de la Normal Superior de Ayotzinapa. El primero realizó una investigación entre 2015 y 2016 y concluyó sus labores tras presentar un reporte que rechazó las conclusiones del gobierno anterior de que los jóvenes habrían sido quemados en un basurero.
La presidenta actual de la CIDH, Esmeralda Arosamena, dijo que el nuevo equipo de la comisión estará integrado por dos personas fijas que contarán con colaboraciones temporales de algunos de los integrantes del primer grupo o de otros expertos que se requieran.
Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, garantizó que tendrán acceso “sin restricciones” a toda la información del llamado caso Ayotzinapa.
Su papel, señaló la representante de la cancillería, Marta Delgado, será asesorar y acompañar al Estado mexicano en cuestiones forenses, la integración de expedientes y en la definición de líneas de investigación, incluidas aquellas que la administración anterior no quiso abordar.
Según explicaron los funcionarios mexicanos, los expertos tendrán acceso a todos los expedientes, harán las visitas sobre el terreno que consideren necesarias, incluidas, si así lo estiman, instalaciones militares, y colaborarán en el diseño de un nuevo mecanismo para incentivar y proteger a potenciales colaboradores que puedan dar información valiosa para saber el destino de los estudiantes, cuyo paradero todavía se desconoce.
El gobierno, por su parte, se encargará de garantizar su seguridad y la inmunidad del equipo de la CIDH y de acatar sus recomendaciones.
El nuevo grupo trabajará durante un año. El plazo podría ser prorrogado pero, según dijo Encinas, “esperamos tener resultados en muy corto plazo”.
Los 43 estudiantes fueron secuestrados en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 por policías municipales que los entregaron al crimen organizado.
La versión oficial de los hechos dice que luego fueron quemados en un basurero cercano pero esa versión fue echada por tierra por el primer equipo de expertos multidisciplinares que envió la CIDH que, además, denunció serias irregularidades y obstrucciones a la justicia por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno, incluidos funcionarios federales de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Para la presidenta de la Comisión, ahora se abre “una oportunidad única para romper con la impunidad”.
En esta nueva etapa de asistencia técnica internacional se podrá entrevistar, por ejemplo, a militares, algo vetado durante el gobierno anterior.
“Estamos seguros de alcanzar las anheladas respuestas de verdad y justicia”, aseguró.
Entre las prioridades, Arosamena subrayó la importancia de investigar más la telefonía y la balística “porque implica la gran objetividad de los hechos”, avanzar en la investigación de irregularidades cometidas hasta ahora y cambiar de narrativa, ya que la versión oficial “mal llamada verdad histórica, está descartada”.
Las familias de los 43 desaparecidos se encuentran esperanzadas con esta nueva etapa, aunque recordaron a las autoridades que quieren ver resultados pronto.