WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump amenazó el martes con adoptar represalias en contra de Guatemala debido al tema migratorio después de que la Corte de Constitucionalidad de la nación centroamericana le impidió a su gobierno firmar un acuerdo de asilo con Estados Unidos.
Trump tuiteó que Guatemala decidió no firmar un acuerdo de “tercer país seguro” con el que los migrantes centroamericanos que busquen asilo en Estados Unidos estarían obligados a solicitarlo primero en Guatemala, aunque el gobierno guatemalteco señaló que nunca aceptó ese convenio.
Guatemala “ha decidido romper el arreglo que tenía con nosotros para la firma del Acuerdo de Tercer País Seguro. Estábamos listos”, se quejó Trump. “Ahora estamos considerando ‘restricciones’”, además de aranceles, comisiones a las remesas” que los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos mandan a su país, “o todo lo anterior”, escribió.
Trump se refirió al fallo de la corte como una excusa conveniente para Guatemala y señaló que “en otras palabras, no querían firmarlo”.
Trump ha estado intentando que países como Guatemala tomen medidas para frenar el flujo de migrantes centroamericanos que viajan hacia la frontera sur de Estados Unidos, donde han rebasado la capacidad de las autoridades locales, en una situación que amenaza el compromiso de campaña del mandatario de poner fin a la inmigración ilegal. Las negociaciones sobre un posible acuerdo llegaron a su fin cuando la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó tres amparos que impiden al presidente Jimmy Morales firmar el pacto.
Una reunión de Trump con Morales prevista para el 15 de julio fue cancelada porque la corte no había emitido su decisión.
Morales respondió a los tuits con un comunicado difundido en Facebook en el que responsabilizó del disgusto de Trump a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
“Las repercusiones del Gobierno de los Estados Unidos de América hacia Guatemala se derivan de una serie de acciones contraproducentes de la Corte de Constitucionalidad, que en reiteradas ocasiones ha dictaminado en contra del contenido y espíritu de nuestra Constitución”, dijo Morales. “La mayoría de sus magistrados, identificados con intereses políticos personales, han utilizado su investidura para entrometerse en la política exterior del Estado de Guatemala”.
En una declaración leída por el presidente de la Corte de Constitucionalidad Bonerge Mejía, recordó que la función esencial del organismo es “la defensa del orden constitucional” y rechazó “enfáticamente las expresiones infundadas”.
“No podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala”, se pronunció la Corte de Constitucionalidad. “Las consecuencias jurídicas y políticas que deriven de la conducción de la política exterior del Estado de Guatemala, constituyen responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para su debido ejercicio”.
La Corte también dijo que no prohibió ninguna acción al presidente en el caso de la firma de acuerdo de “tercer país seguro”, sino que “únicamente señaló el procedimiento establecido en la Constitución para la firma de un convenio de esta naturaleza y con estos alcances”.
Sin embargo, Trump acusó a las autoridades guatemaltecas de “haber faltado a su palabra con nosotros”, en declaraciones ante una cumbre de adolescentes conservadores en Washington.
“Ya estaban listos para firmar un acuerdo de tercer país seguro y después, hoy o ayer, anunciaron que no podían hacerlo debido al fallo de la Corte Suprema. Su Corte Suprema, ¿me explico?”, afirmó Trump en un tono de desdén y reiteró su amenaza de imponer aranceles y “restricciones”.
La Casa Blanca no aclaró el martes las preguntas de a qué se refería la palabra “restricciones”, aunque Estados Unidos es el socio comercial más importante de Guatemala, con un intercambio bilateral que alcanzó el año pasado 10.900 millones de dólares.
El mismo martes, Morales solicitó a la Corte de Constitucionalidad revocar la prohibición para poder firmar el acuerdo con Trump.
El gobierno guatemalteco dijo en un comunicado que instruyó a la cancillería a “que agote todas las instancias diplomáticas disponibles para evitar posibles sanciones que repercutan negativamente en la economía del país”.
Las principales exportaciones de Estados Unidos a Guatemala incluyen combustibles como hulla, petróleo y gas natural, además de maquinaria y maíz. A la inversa, las procedentes de Guatemala incluyen bananas, ropa y café.
Sin embargo, la economía de Guatemala es pequeña y la mayoría de su pueblo es pobre, lo que constituye una relación muy desigual con Estados Unidos. Guatemala es apenas el 46to socio comercial de Estados Unidos, y cualquier sanción posiblemente repercutiría primero en la élite financiera e industrial de Guatemala, dijo el analista político Roberto Santiago.
Trump también podría perjudicar al país con un intento de gravar las remesas, que representan el 12,1% de la economía guatemalteca, según el Banco Mundial.
Trump también acusó al país en un tuit de “formar caravanas y enviar a Estados Unidos grandes números de personas, algunas con antecedentes penales”, aunque no hay pruebas de que el gobierno guatemalteco esté implicado en la organización de esos contingentes ni en el “envío” de personas a Estados Unidos. Las caravanas, un fenómeno que desapareció con la adopción de medidas en México, se originaban en Honduras y se les adherían personas de Guatemala, El Salvador y otras latitudes durante su tránsito por Guatemala y después por México.
Trump emitió sus comentarios un día después de que ambos países difundieran un comunicado conjunto en el que no mencionaron el concepto de “tercer país” seguro. En su lugar, señaló que ambos gobiernos “continúan haciendo un progreso importante sobre un enfoque regional integral para enfrentar los patrones de migración irregular”, y citaron los esfuerzos conjuntos “para reducir el flujo de la migración irregular y garantizar la seguridad y protección de las poblaciones vulnerables, en especial de los menores”.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tenían previsto reunirse el miércoles con funcionarios de los países del Triángulo Norte.
Un “acuerdo de tercer país seguro” significaría que los salvadoreños, hondureños y las personas de otras latitudes que crucen hacia Guatemala tendrían que solicitar el asilo en ese país y no en la frontera de Estados Unidos, lo que podría reducir el flujo de migrantes y otorgar a Trump una concesión que podría presentar como una victoria.
Al igual que sus vecinos centroamericanos, Guatemala sufre el flagelo de la pobreza y la violencia, convirtiendo al país en un refugio inconveniente para quienes huyen de El Salvador y Honduras. Y los críticos aseguran que el gobierno guatemalteco carece de los recursos para ayudar a los migrantes y solicitantes de asilo que intentan dirigirse a Estados Unidos cuando decenas de miles de sus propios ciudadanos han huido tan sólo este año.
“Éste no es un país que podría ser considerado refugio seguro”, dijo Paul Angelo, miembro del grupo de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores.
Washington y Guatemala efectuaron sus negociaciones a puertas cerradas y difundieron poca información. Las autoridades estadounidenses dijeron que el tema de “tercer país seguro” estuvo sobre la mesa pero no finalizado, aunque el gobierno guatemalteco señaló que no tenía intención de suscribir un acuerdo de esa naturaleza.
La misma situación rodeó el caso de México que, según Trump, aceptó un acuerdo secreto de “tercer país seguro”, aunque México lo ha negado.
“Para que quede muy claro, el Organismo Ejecutivo siempre fue muy consciente de las medidas que el gobierno norteamericano podría tomar si negábamos el apoyo”, declaró Morales en su comunicado.
Trump y su gobierno han efectuado numerosos intentos para impedir que los migrantes soliciten asilo legalmente en Estados Unidos, como la nueva normativa emitida la semana pasada que negaría asilo a quienes crucen otros países en su travesía a Estados Unidos sin solicitar refugio en al menos una de esas naciones.
Dos demandas fueron presentadas para impugnar la medida y un juez en Washington, D.C., escuchó el lunes los argumentos. Un juez en San Francisco programó una audiencia para el miércoles en una denuncia similar.
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Pérez contribuyó desde la Ciudad de Guatemala. Los periodistas de The Associated Press, Darlene Superville y Colleen Long contribuyeron a este despacho.
